La Consejería de Justicia e Interior ha remitido hoy al Ayuntamiento de Sevilla el informe técnico sobre el estudio de las propuestas municipales para ubicar la Ciudad de la Justicia en El Prado de San Sebastián en el que se detallan las objeciones sobre esta infraestructura, cuya envergadura tendría un impacto muy negativo para la ciudad por la construcción de grandes edificios de hasta 12 plantas en un reducido espacio.
La Consejería ha analizado toda la documentación remitida por el Ayuntamiento de Sevilla y ha concluido que para ejecutar el proyecto del Consistorio hispalense sería necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana y habría que aumentar la edificabilidad en esta zona de manera considerable. Además, sería necesario realizar un estudio por el potencial arqueológico de la zona y habría que comunicar a la UNESCO cualquier actuación en este espacio por su incidencia directa sobre los bienes declarados patrimonio mundial, muy cercanos al lugar del proyecto.
Desde la Administración autonómica se considera que estos efectos podrían tener unas consecuencias negativas en la imagen de la ciudad y en la de su patrimonio histórico y cultural, afectando claramente al turismo. Además, la propuesta municipal también supondría la eliminación de zonas verdes y una mayor saturación de una zona estratégica de la ciudad ya muy congestionada.
Las conclusiones evidencian también que las edificaciones planteadas por el Consistorio no responden al modelo de Ciudad de la Justicia de unificar todas las sedes judiciales en un complejo único y comunicado. Al contrario, propone una serie de edificios aislados y sin conexión entre sí, lo que afectaría a la movilidad y confortabilidad de usuarios y profesionales.
Por todo ello, la Junta de Andalucía considera más adecuado y conveniente que la Ciudad de la Justicia se construya en los terrenos de Los Gordales, por presentar muchas más ventajas y evitar algunos de los inconvenientes citados, ya que no se precisaría aumentar la edificabilidad ni modificar el PGOU y no habría ninguna afección en materia de patrimonio histórico.
La opción de Los Gordales permite abordar además las obras por fases, adecuándolas a las posibilidades presupuestarias y a las previsiones a medio plazo de nuevas necesidades, terminando así con la dispersión actual y permitiendo que en el futuro todos los órganos y servicios de la Administración de Justicia de Sevilla se sitúen en un espacio superior a los 220.000 metros cuadrados.
El departamento que dirige Emilio de Llera ha pedido al alcalde de la capital que apoye el proyecto defendido por la Junta en Los Gordales al considerar esta zona idónea para la construcción de esta infraestructura que paliará la dispersión actual y la actual insuficiencia de instalaciones. La Consejería sostiene que estos terrenos son un lugar adecuado por disponer de espacio suficiente para albergar las actuales sedes judiciales y asumir también necesidades y crecimientos futuros.
Justicia e Interior critica que el Gobierno municipal no haya valorado el impacto visual que tendría una infraestructura de estas características en el centro de Sevilla, lo que podría acarrear consecuencias negativas para el turismo y el patrimonio histórico y cultural al existir el riesgo de que la UNESCO amonestase a la ciudad por instalar un elemento discordante en un entorno de especial protección.
El titular de la Consejería de Justicia e Interior ha manifestado que siempre apuesta por el diálogo y el consenso para afrontar un proyecto de esta envergadura, por lo que solicita al Ayuntamiento que valore y estudie ahora la propuesta sobre Los Gordales, tal y como se comprometió el alcalde de la capital hispalense, Juan Ignacio Zoido, en su reunión con el consejero.
La Consejería pone de relieve su confianza en alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento sobre la ubicación de esta infraestructura judicial en Los Gordales con el objetivo de iniciar cuanto antes todos los trámites y trabajos técnicos previos para poner en marcha el proyecto.
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