La Consejería de Justicia e Interior ha remitido al Ministerio del Interior el acuerdo alcanzado con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para firmar el convenio que permita la reanudación del servicio de orientación jurídica penitenciaria en Andalucía, según ha anunciado hoy en el Parlamento el consejero, Emilio de Llera.
El consejero ha puesto de relieve el consenso alcanzado con los abogados y el Ministerio para restaurar este servicio que atenderá a la población reclusa de Andalucía y ha asegurado que, una vez solventado este trámite, el Gobierno andaluz llevará a cabo todas las actuaciones para que este último trámite “resulte lo más breve posible” a fin de que se consiga la más pronta reanudación del mismo.
El acuerdo con el Consejo de Colegios de Abogados se cerró en la última reunión de la Comisión Mixta de la Administración Autonómica, tras el visto bueno que ya había concedido el Ministerio del Interior a la propuesta de la Junta para recuperar esta iniciativa que facilitará atención jurídica a los internos de los 13 centros penitenciarios existentes en la comunidad andaluza.
“Por todas las partes –ha subrayado De Llera- se ha trabajado desde la voluntad de posibilitar la reanudación del servicio, en sentar las bases que permitan su optimización ajustando su contenido para conseguir una prestación que satisfaga las necesidades del interno y que permitan unos mínimos y un control de calidad”.
Servicio suspendido
La atención jurídica penitenciara se hallaba suspendida desde abril de 2012 debido a la negativa inicial del Gobierno del Estado de firmar un nuevo convenio para prestar esta asistencia letrada complementaria a la población reclusa de Andalucía. Sin embargo, el borrador del nuevo convenio, ya consensuado con la Secretaría de General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio, estaba pendiente de la valoración del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para su análisis, tras el cual ha dado su conformidad al texto.
En el convenio se contempla un mayor control del gasto que hacen los colegios de abogados de los fondos públicos destinados a este servicio, la elaboración de un plan de calidad y la regulación de la participación de Instituciones Penitenciarias en la certificación de las asistencias o el control de los horarios y días de prestación del servicio de orientación jurídica.
“En definitiva, son todas cuestiones que han fijado de forma más clara, y en aras de una mejor prestación de la orientación jurídica penitenciaria en Andalucía, el marco jurídico de colaboración que permita su prestación”, ha resaltado De Llera.
No obstante, el consejero ha reiterado que el convenio no considera las asistencias de este servicio como guardias, ya que éstas forman parte de la prestación de asistencia jurídica gratuita que ya está garantizada por la Junta a la ciudadanía que cumpla los requisitos necesarios para ser beneficiaria.
Asimismo, el titular de Justicia e Interior ha recordado que ya se han liquidado con los colegios de abogados andaluces las certificaciones pendientes de pago correspondientes al anterior convenio para la prestación de este servicio.
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