El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha exigido hoy al Gobierno del Estado los 54 millones de euros recaudados en concepto de tasas judiciales en la comunidad autónoma de Andalucía.
Antes de comenzar la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada hoy en Madrid con la participación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y de las comunidades autónomas con competencias en esta materia, el consejero ha subrayado que el Gobierno “está incumpliendo el artículo 11 de la Ley de Tasas ya que no ha recogido en los Presupuestos Generales del Estado una partida para hacer entrega, a las comunidades autónomas, de las cantidades correspondientes a las tasas recaudadas”.
Además, el consejero ha mostrado su confianza en el nuevo ministro, al que ha agradecido su cambio de actitud respecto a las comunidades autónomas con competencias en Justicia ya que su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, “no hablaba con nadie”. “El ex ministro”, ha subrayado, “consiguió poner de acuerdo a todos los operadores jurídicos en su contra, algo muy difícil, pero lo logró”.
Por otro lado, el titular de Justicia e Interior ha valorado la voluntad del ministro de dar marcha atrás en algunos aspectos de la Ley de Registro Civil aunque teme que la nueva norma “puede invadir competencias propias de las comunidades autónomas porque las priva de potestades de gestión que les corresponden”. Del mismo modo, De Llera ha criticado los contenidos del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita porque invade las atribuciones de las comunidades en esta materia y “va a retrasar mucho los pagos además de obligar a una gestión administrativa ignominiosa a los profesionales de la justicia”.
Regulación de los consejos de justicia autonómicos
De Llera ha aplaudido la rectificación por parte del nuevo equipo ministerial de algunos “puntos polémicos” del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aunque ha insistido en la necesidad de regular los consejos de Justicia autonómicos. “El Estatuto de Andalucía reconoce este órgano que no tiene reflejo en el proyecto que presenta el Ministerio”, ha concluido.
Asimismo, ha pedido al Ministerio que cualquier modificación del estatuto jurídico de los funcionarios sea sometida a la consideración de las comunidades autónomas ya que “cualquier reforma puede tener un impacto económico en ellas, hecho que, teniendo en cuenta que no conlleva una memoria económica explicativa, puede generar muchos conflictos”.
De Llera ha señalado que la Junta no comparte el nuevo régimen de nombramiento del secretario de Gobierno y de los secretarios coordinadores provinciales porque, en su opinión, merma la participación de Andalucía en la adopción de decisiones “en un tema que las comunidades autónomas tenemos mucho que decir”. Por último, el consejero ha destacado que “espera que a raíz del diálogo que se produzca en la reunión cambien criterios y acerquemos todos nuestra posiciones”.
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