La Junta abonará casi 30 millones a abogados y procuradores para liquidar todos los pagos de justicia gratuita de este año

De Llera destaca el esfuerzo para garantizar este servicio fundamental para la ciudadanía con 66 millones aportados durante 2014 para su sostenimiento
Andalucía, 26/12/2014

La Junta abonará 29,8 millones de euros a los consejos andaluces de los colegios de abogados y procuradores para liquidar todos los pagos pendientes por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita de este año, según ha anunciado hoy el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.


En el transcurso de una reunión con los representantes de los letrados y procuradores andaluces, el consejero ha explicado que este abono se realizará con una primera aportación de 6,8 millones de euros, que se sufragará en los próximos días y el pago posterior de los 23 millones restantes que se realizará lo antes posible”.


De Llera ha cuantificado en 66  millones de euros la cantidad que la Administración autonómica destinará este año en total al sostenimiento de este servicio fundamental para la ciudadanía que no dispone de recursos para costearse su defensa legal ante los tribunales. En este sentido, el consejero ha asegurado que “se trata de una prioridad para este Gobierno que tiene un compromiso irrenunciable con las políticas sociales y con la igualdad y que debe estar al mismo nivel que la educación, la salud y la dependencia”.

El titular de Justicia e Interior ha destacado el gran esfuerzo de la Junta en el sostenimiento de la justicia gratuita pese a las dificultades económicas y presupuestarias actuales y la falta de respaldo financiero del Estado. A este respecto, ha censurado el incumplimiento hasta la fecha por parte del Ministerio de Justicia de la ley de tasas, que refleja en su texto la obligatoriedad de destinar su recaudación a la financiación de este servicio.

Según De Llera, “Andalucía no ha recibido ni un solo euro hasta la fecha y el Ministerio ha recaudado ya más de 54 millones de euros en la comunidad por estas tasas judiciales sin destinar, por tanto,  nada para el sostenimiento de este servicio esencial para la ciudadanía como así contempla la norma”.


Asimismo, ha puesto de relieve el diálogo permanente que mantiene con abogados y procuradores para garantizar esta asistencia jurídica y ha resaltado su implicación y profesionalidad para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía.
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, ha valorado el esfuerzo y compromiso de la Junta y ha calificado de hito histórico para la Justicia andaluza la puesta al día de los pagos por este servicio. Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, José Jiménez Cózar, ha felicitado al departamento que dirige Emilio de Llera “por su minucioso trabajo” y ha agradecido la labor de los procuradores que participan en este servicio.

El consejero ha señalado que más de 300.000 personas se benefician al año en Andalucía de la asistencia jurídica gratuita que prestan más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000). En la financiación de este servicio, la Junta hace frente a los gastos que genera el turno de oficio como es la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación,  así como los gastos de representación  que realizan los procuradores.

Nuevo sistema para agilizar la justicia gratuita

De Llera ha subrayado la mejora que ha supuesto la implantación del nuevo sistema de gestión de la justicia gratuita ‘Temisa’ ya que esta aplicación “aporta transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio destinado a las personas con menos recursos”.

Esta nueva tecnología, puesta en marcha el pasado mes de octubre, los consejos andaluces de abogados y procuradores remiten telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel.
 

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