El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado en su edición del pasado 13 de enero el acuerdo firmado por Junta y sindicatos para implantar un nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal que permitirá agilizar y mejorar la eficacia de la Administración de Justicia en la comunidad andaluza.
En el BOJA se recoge así el acuerdo firmado por el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y los responsables regionales de las centrales mayoritarias en el sector, CSIF, SPJ-USO y STAJ, que deberá guiar a partir de ahora las negociaciones para la futura implantación de esta nueva estructura interna en la Administración de Justicia en Andalucía.
En el acto de la firma, De Llera destacó que la Junta ha dado prioridad al acuerdo con los representantes de los trabajadores, porque los más de 7.000 funcionarios de Justicia de Andalucía van a ser los “protagonistas” de este proyecto, de tal forma que se garantiza el “absoluto respeto” de todos los derechos, plantillas, retribuciones y beneficios actualmente vigentes en la Administración de Justicia en esta comunidad autónoma”.
Mesas sectoriales
El acuerdo se va a desarrollar en las negociaciones que se llevarán a cabo en mesas técnicas y sectoriales para la puesta en marcha del nuevo modelo de oficina judicial y fiscal que, de forma experimental, se llevará a cabo primero los juzgados de Vélez Málaga y El Ejido y en la Fiscalía de Sevilla.
Con el nuevo modelo aprobado por la Junta se sustituirá la configuración vigente hasta ahora –juez, secretario y personal adscrito a cada órgano– para impulsar un sistema más eficiente con medios personales y materiales basado en servicios comunes de trabajo. Con ello se favorecerá una mejor distribución del trabajo en equipo y la especialización del personal, además de ofrecer a la ciudadanía un servicio próximo y de calidad que agilizará los procedimientos y reducirá los tiempos de respuesta.
En el nuevo modelo de Oficina Judicial se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras, que asistirán directamente a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados. Las segundas, sin estar integradas en órganos judiciales concretos, asumirán labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.
Estos servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido judicial. Estos últimos, para partidos sin separación de jurisdicción, se configurarán a su vez en dos secciones: procesal general y de ejecución.
En cuanto a la Oficina Fiscal, se establece la posibilidad de crear, cuando así lo aconsejen las dimensiones o el volumen de asuntos, cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores.
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