La asistencia jurídica gratuita benefició a 14.269 personas durante 2014 en la provincia de Córdoba, lo que supone algo más del 1 por ciento de personas beneficiarias respecto al año anterior, en que se concedió a 14.113 personas, y un 14’7 por ciento respecto a 2011, con 12.436 casos.
En 2014, la mayor parte de los reconocimientos de este derecho correspondió a la Jurisdicción Penal, con 7.735 expedientes, seguida por la Jurisdicción Civil, con 5.785, la Contencioso-Administrativa, con 408 y la Jurisdicción Social, con 341. La justicia gratuita es un servicio que prestan los abogados y procuradores y que financia el Gobierno andaluz con el objetivo de garantizar la defensa legal ante los tribunales de la ciudadanía sin recursos.
La justicia gratuita es un derecho básico por el que la Junta hace frente a los gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.
Este servicio es una de las políticas sociales prioritarias del ejecutivo andaluz, ya que hace realidad el principio de igualdad de la ciudadanía ante la Justicia y también el derecho a un proceso justo. De esta forma, la Junta garantiza el derecho a la representación letrada en procesos judiciales a aquellas personas que no disponen de recursos económicos suficientes para su defensa ante los tribunales.
Para la Junta es una prioridad el sostenimiento de este servicio fundamental y por ello viene realizando un gran esfuerzo para garantizar su financiación y dar la mayor celeridad posible a sus pagos, pese a las dificultades económicas y presupuestarias actuales. En este sentido, se abonará próximamente cerca de dos millones de euros a abogados y procuradores de la provincia de Córdoba con el objetivo de liquidar todos los pagos pendientes por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita de 2014.
Esta iniciativa ha sido reconocida por los representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y de Procuradores, con quienes la Consejería mantiene una interlocución permanente y un diálogo fluido para garantizar el sostenimiento de este servicio.
La Junta subraya el gran esfuerzo que viene realizando para el sostenimiento de este servicio esencial pese a la compleja coyuntura actual y la falta de respaldo financiero del Estado. A este respecto, el departamento que dirige Emilio de Llera ha censurado el incumplimiento hasta la fecha por parte del Ministerio de Justicia de la ley de tasas, que refleja en su texto la obligatoriedad de destinar a la financiación de este servicio la recaudación por estas tasas, que asciende a más de 54 millones en toda Andalucía desde que entró en vigor la norma.
Simulador para consultar el acceso a este servicio
El pasado año, la Consejería de Justicia e Interior puso en marcha en su página web (http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior.html) una novedosa herramienta consistente en un simulador económico para que los ciudadanos puedan saber al instante si tienen derecho a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita.
El simulador incluye diferentes preguntas sobre la situación de la persona que pueden dar derecho a ser beneficiario de la justicia gratuita, entre ellas si es víctima de violencia de género, tiene una discapacidad, ha sufrido un accidente que le ha dejado secuelas permanentes, el número de personas que forman la unidad familiar y los ingresos económicos que percibe.
Por otra parte, la Consejería ha puesto en marcha como novedad este año un nuevo sistema de gestión de la justicia gratuita, denominado ‘Temisa’, una aplicación que aporta transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio.
Esta nueva tecnología, en funcionamiento ya desde el pasado mes de octubre, permite a los consejos andaluces de abogados y procuradores remitir telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel.
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