La Consejería de Justicia e Interior ha abonado hoy 23,7 millones de euros a los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores para liquidar todos los pagos pendientes por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita durante el pasado año. Con este abono, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera cumple el compromiso contraído con estos profesionales a finales de diciembre para sufragar todos los servicios correspondientes a 2014 y garantizar así esta asistencia jurídica fundamental para la ciudadanía sin recursos.
De esta cantidad abonada, la mayor parte -23,1 millones- corresponde a los letrados mientras que 610.050 euros se destinan a los procuradores. El departamento que dirige Emilio de Llera cumple así lo acordado con letrados y procuradores para culminar ahora el pago total del pasado ejercicio, una cuantía que se suma al abono parcial ya realizado a finales de diciembre cuando se aportaron otros 6,8 millones de euros.
El consejero ha asegurado que “este abono pone de relieve que la justicia gratuita es un compromiso irrenunciable y prioritario para el Gobierno andaluz y forma parte de las políticas sociales y por la igualdad que venimos defendiendo”. En este sentido, ha destacado “la importancia de este servicio para garantizar la igualdad de la ciudadanía ante la Justicia y que queremos situar al mismo nivel de la educación, la salud y la dependencia”.
El titular de Justicia e Interior ha resaltado el gran esfuerzo de la Junta en el sostenimiento de la justicia gratuita pese a las dificultades económicas y presupuestarias actuales y ha cuantificado en cerca de 66,6 millones de euros la cantidad que la Administración autonómica ha venido abonando desde 2014 hasta ahora. De esta cantidad, 61,1 millones se han destinado a los abogados y el resto -5,4 millones- a los procuradores. Según el consejero, “este gran esfuerzo nos ha permitido reducir los plazos de los pagos y el volumen de las cuantías pendientes hasta liquidarlas por completo y ponernos al día con abogados y procuradores”.
Implicación y esfuerzo de abogados y procuradores
El consejero ha valorado también el esfuerzo, implicación y profesionalidad de los abogados y procuradores en la prestación de un servicio eficaz y de calidad a la ciudadanía y ha elogiado al mismo tiempo el clima de diálogo y acuerdo con los consejos andaluces de estos colegios profesionales para garantizar su prestación.
Más de 300.000 personas se benefician al año en Andalucía de la asistencia jurídica gratuita que prestan más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000). En la financiación de este servicio, la Junta hace frente a los gastos que genera el turno de oficio como es la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los gastos de representación que realizan los procuradores.
De Llera ha subrayado también la falta de respaldo financiero del Estado para la financiación de este servicio y, a este respecto, ha censurado el incumplimiento hasta la fecha por parte del Ministerio de Justicia de la ley de tasas, que refleja en su texto la obligatoriedad de destinar su recaudación a la financiación de este servicio.
A su juicio, “Andalucía no ha recibido ni un solo euro hasta la fecha y el Ministerio ha recaudado ya más de 54 millones de euros en la comunidad por estas tasas judiciales sin destinar, por tanto, nada para el sostenimiento de este servicio esencial para la ciudadanía como así contempla la norma”.
Para la mejora de la justicia gratuita, la Consejería de Justicia e Interior ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión, denominado ‘Temisa’, que aporta transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio destinado a las personas con menos recursos”.
Esta nueva tecnología, puesta en marcha el pasado mes de octubre, los consejos andaluces de abogados y procuradores remiten telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel.
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