El consejero de Justicia e Interior. Emilio de Llera, ha criticado hoy, en el transcurso de un desayuno informativo organizado por el Grupo Joly y el Banco de Santander, la inacción del Gobierno del Estado ante “el deterioro y lamentable situación de la Administración de Justicia en Andalucía y España” y ha solicitado que se acometen de forma urgente las reformas profundas y estructurales para dar respuesta a los problemas que padece actualmente.
El consejero ha puesto de relieve que las razones de esta situación por la que atraviesa la Justicia están perfectamente identificadas y son imputables a la falta de atención de los poderes públicos desde hace muchos años, especialmente del Gobierno del Estado que es a quien corresponde la solución de los males estructurales que sufre este servicio público.
De Llera ha denunciado la falta de jueces, magistrados y fiscales, cuya ratio en Andalucía es de 10,5 jueces por cada 100.00 habitantes, un nivel que está muy lejos de la media europea (21,3) y por debajo de la media nacional (11,1). A su juicio, en Andalucía hacen falta cerca de 900 jueces más para acercarnos a la media europea.
El titular de Justicia e Interior ha planteado la necesidad de acabar con ”la estructura obsoleta y compartimentada actual de los órganos judiciales y acometer la creación de tribunales de instancia para terminar con el cuello de botella que supone que un solo juez tenga que asumir la redacción de las sentencias de todos los casos que entran en juzgado”. En su opinión, “ya no vale la antigua receta de seguir clonando juzgados y hay que apostar por crear nuevos tribunales en los que participen varias jueces en la resolución de los casos para dar más agilidad a su funcionamiento”.
La instrucción para los fiscales
El consejero ha cuestionado también el mantenimiento de un modelo de justicia penal decimonónico y anclado en el pasado que se revela incapaz para afrontar los problemas penales del S. XXI.
Según De Llera, España es hoy el único país de Europa que mantiene el modelo de investigación judicial de los delitos que provoca que las instrucciones se alarguen en el tiempo sin límite alguno. En este sentido, ha abogado por entregar la instrucción e investigación a los fiscales y dejando a los jueces para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado al mismo tiempo de velar por las garantías durante el proceso.
De Llera se ha referido también a la figura de la imputación, que es traducida por los medios y la ciudadanía como equivalente a una declaración judicial de culpabilidad, con el consecuente daño y perjuicio que supone para la persona investigada. En este aspecto, se ha mostrado partidario de cambiar este término por el de denunciado o investigado
Asimismo, ha rechazado las tasas judiciales por su afán recaudatorio y por vulnerar el principio de igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva, además de no arreglar los problemas de la Justicia. De Llera ha denunciado también el incumplimiento de la ley que regula estas tasas al no destinar su recaudación a la financiación de la justicia gratuita.
Por todo ello, el consejero ha concluido que ha sido una legislatura perdida para remediar los males que aquejan a la justicia por parte del Ministerio que se ha limitado, a su juicio, a acometer reformas ideológicas como la del aborto.
Mejoras impulsadas en Andalucía
Frente a estas críticas al ejecutivo central, el consejero ha puesto de relieve los proyectos impulsados por la Junta para solucionar los problemas de la Justicia dentro de su ámbito competencial. Así, se ha referido a la implantación de un nuevo modelo organizativo de los recursos humanos a través de la nueva Oficina Judicial y Fiscal, cuyo desarrollo futuro hemos acordado con los sindicatos mayoritarios en Justicia. Según el consejero, su puesta en marcha va a suponer el desarrollo de las nuevas estructuras organizativas para una justicia más ágil, eficaz y de calidad.
Respecto a los edificios o sedes judiciales, ha explicado que la situación de crisis económica actual impide el impulso de grandes obras, aunque ha destacado la conveniencia de recurrir a la financiación público-privada para sacar adelante estos proyectos, como así ha ocurrido en Córdoba donde se ha podido iniciar la construcción de su Ciudad de la Justicia. A esta obra se suma, ha añadido, la reforma del antiguo Banco de España en Granada, que ya alberga la sede de la Fiscalía Superior de Andalucía y la mayor parte de su Fiscalía Provincial.
Por último, el consejero ha subrayado la importancia de las nuevas tecnologías para la modernización de la Justicia y ha valorado el esfuerzo que está realizando su departamento para el desarrollo de medios y sistemas telemáticos y ofimáticos para fomentar la interoperabilidad e integración de los órganos judiciales y avanzar en la eliminación del papel y en la digitalización de la Justicia. De este modo, ha enumerado diversos proyectos como la implantación del sistema de comunicaciones judiciales vía telemática “Lexnet” o el nuevo sistema de gestión de archivos “Jara”, que propicia junto a la Junta de Expurgo la eliminación del gran volumen de documentos judiciales que saturan en la actualidad los juzgados andaluces y provocan problemas de espacio.
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