José Carlos Gómez Villamandos durante la sesión plenaria del Parlamento de Andalucía
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado durante su intervención en el pleno del Parlamento de Andalucía que la activación de las universidades privadas no repercutirá “en absoluto” en la financiación de las instituciones académicas públicas, que será la más alta de la historia en el año 2023. Al mismo tiempo, ha vuelto a recordar que la Junta de Andalucía “ni crea ni financia universidades privadas”.
En este sentido, Gómez Villamandos ha explicado que la Junta de Andalucía no tiene competencias en la creación de universidades privadas, ya que tan sólo le corresponde tramitar las solicitudes y elaborar los proyectos de ley. Por tanto, en palabras del consejero, “no podemos actuar de forma arbitraria” ante las solicitudes para la implantación de universidades privadas.
En el caso de las dos instituciones que han obtenido el visto bueno por parte del Consejo de Gobierno, estas normativas se trasladarán al Parlamento para su debate y, en su caso, aprobación, tal y como establece el marco legislativo vigente definido por la Ley orgánica de Universidades del Estado y por el Real Decreto que la desarrolla, así como por la norma autonómica en la materia. “La aprobación de los proyectos de Ley relativos a las universidades privadas le corresponde a este Parlamento, democrático y soberano, que representa la voluntad de los andaluces” ha añadido.
Durante su intervención ha puesto de manifiesto que, tal y como defendía como rector, la Consejería exige de forma rigurosa a las futuras universidades privadas los requisitos necesarios para garantizar una docencia de calidad y que “prueba de ello ha sido la retirada de 4 proyectos de universidades privadas que no cumplían con los requisitos exigidos”.
El titular de Universidad, Investigación e Innovación ha lamentado que, respecto a la aprobación de los proyectos de ley de las universidades privadas se pretenda generar cierta confusión de forma interesada y partidista y ha pedido que si realmente existe preocupación por la calidad del sistema público universitario, todos los actores involucrados debieran criticar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), “una norma sin consenso que no cuenta con informes del Consejo de Estado ni del Consejo de Universidad y que generará universidades públicas de primera y de segunda categoría”.
Gómez Villamandos ha defendido que el Ejecutivo andaluz apuesta decididamente por la universidad pública y por mejorar la competitividad del sistema universitario público con una financiación adecuada y suficiente. En este sentido, ha remarcado que la defensa del sistema público por parte del actual Gobierno andaluz se demuestra con la mayor transferencia económica de toda la historia, en 2023, que recibirán las universidades públicas andaluzas”. No obstante, ha recalcado que “eso no significa que se deba condenar a las universidades privadas ni que estemos dispuestos a incumplir la Ley”.
Ante esto, Gómez Villamandos ha pedido que se respeten los procedimientos y la legitimidad democrática del Parlamento de Andalucía, que es, en todo caso, quien decide sobre la aprobación o no de los proyectos de ley. La Junta de Andalucía defenderá siempre la libertad y los derechos de todos los actores que intervienen en el sistema económico de Andalucía, “sin reproches, sin reparos y sin persecuciones”, ha concluido.
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