Ramón Herrera durante el acto de apertura del curso académico de la UPO
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, junto con las universidades andaluzas, están trabajando en la creación de una comisión de seguimiento para analizar la situación de las personas con discapacidad de las instituciones académicas y estudiar medidas que incentiven su inclusión en el ámbito universitario. Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, durante el acto de apertura del curso académico de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).
En este contexto, Ramón Herrera ha indicado que la UPO será la institución académica encargada de coordinar este órgano que, además de radiografiar la situación actual, “estudiará la accesibilidad del entorno universitario y su percepción por parte de los alumnos afectados y propondrá recomendaciones para aumentar el apoyo a este grupo de estudiantes”.
Así, ha avanzado que la futura comisión para incentivar la inclusión en el ámbito universitario se convertirá en “un espacio de producción de conocimientos, de debate y de análisis de las políticas públicas de las universidades andaluzas en relación a la discapacidad”.
El secretario general de Universidades, que ha centrado gran parte de su discurso en las medidas sociales puestas en marcha por la Consejería de Universidad, ha recordado el firme compromiso integrador de la Junta de Andalucía para propiciar la inclusión y la atención a la diversidad funcional.
Por esto, ha avanzado que la futura Ley Andaluza de Universidades consolidará las oficinas de atención a la diversidad funcional y los recursos necesarios para su funcionamiento y mejora “garantizando la igualdad de oportunidades para los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad”.
Del mismo modo, el secretario general ha avanzado que la Consejería de Universidad, en coordinación con las universidades andaluzas y la Consejería de Inclusión, van a firmar un convenio que permita coordinar las actuaciones en materia de inclusión para generar la igualdad de oportunidades.
“Es de vital importancia que las universidades andaluzas sigan potenciando la inclusión para avanzar en la excelencia”, ha señalado. Herrera ha resaltado el fuerte compromiso social, cercano e inclusivo de la Universidad Pablo de Olavide, “como lo demuestra la labor desarrollada por la residencia universitaria Flora Tristán del Polígono Sur, creada hace casi 20 años, así como los numerosos proyectos que ha puesto en marcha para contribuir a una mayor presencia de estudiantes con discapacidad en la universidad, garantizando así la igualdad de oportunidades”.
Por otro lado, Herrera ha destacado el compromiso de la Junta por continuar incentivando la igualdad de oportunidades en el ámbito universitario “a través del impulso de medidas que impidan que nadie se vea privado de acceder a la enseñanza superior por razones económicas.
Asímismo, ha indicado que el Ejecutivo regional es un Gobierno sensible con la situación de las familias y estudiantes de Andalucía, “por lo que este año destinará un 1% de las plazas de nuevo ingreso a personas en riesgo de exclusión social”.
Esta medida, pionera en España y consensuada entre la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y las universidades públicas andaluzas, está dirigida a personas residentes en Andalucía perceptoras de rentas mínimas de inserción o del ingreso mínimo vital, “así como a los miembros de la unidad de convivencia beneficiarias de ellas”, ha dicho.
Precios públicos universitarios asequibles
Durante el discurso inaugural, Ramón Herrera ha puesto de relieve que Andalucía cuenta con una política de precios públicos, “que la sitúan entre las comunidades autónomas con las tasas más asequibles del país”.
El nuevo decreto de precios públicos universitarios para el curso 2023-2024 implica para las familias andaluzas un ahorro de 46,8 millones de euros derivado de la aplicación de sus principales medidas, como la rebaja de los másteres habilitantes y la congelación del coste de los servicios académicos y administrativos, así como la de los créditos de los másteres no habilitantes.
Igualmente, este decreto mantiene la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres, a todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio y a los becados en el porcentaje no cubierto por esa ayuda.
Durante su intervención, Herrera ha repasado los grandes avances que ha llevado a cabo la Consejería durante el primer año de legislatura como el modelo de financiación, el decreto de ordenación de enseñanzas, el decreto de agentes del conocimiento o la estrategia universitaria para Andalucía, entre otros.
Complementos autonómicos
Por otro lado, Ramón Herrera ha hecho alusión en su intervención a otros aspectos prioritarios del Ejecutivo autonómico, entre los que destaca la estabilización del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS). En ese sentido, ha señalado que la Consejería iniciará en el último trimestre del año la tramitación de los complementos autonómicos del profesorado e investigadores y sus efectos económicos se producirán a partir de enero del próximo ejercicio. Este tipo de convocatorias tendrá carácter anual e “incluirá importantes novedades que mejoran, al ser menos restrictivas, la propuesta presentada por los sindicatos”, ha aclarado.
Además, ha puesto de relieve que los profesores sustitutos interinos a tiempo completo y los investigadores de excelencia podrán participar en estas convocatorias de complementos, un colectivo que “quedaría excluido con la propuesta de los sindicatos”.
En lo referente al PAS, el secretario general de Universidades ha instado a los sindicatos a que acuerden la evaluación del desempeño con las universidades para poder dar cumplimiento a la financiación del 50% del quinto tramo, una vez aprobado el nuevo modelo de financiación.
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