Maldonado reclama una actitud más proactiva de la política económica nacional orientada al equilibrio y la eficiencia

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha reclamado una actitud más proactiva de la política económica a nivel europeo, en general, y del Gobierno de España, en particular, teniendo en cuenta los riesgos inherentes del contexto actual. A su juicio, “la salida de la crisis requiere experiencia, visión de futuro y solidaridad. Más que argumentos y teorías, las empresas y los ciudadanos necesitan de los gobernantes una política económica basada en la claridad y la igualdad y orientada al equilibrio y la eficiencia”.

Así lo ha manifestado en la conferencia que ha pronunciado en el Forum Nueva Economía, en Málaga, donde ha insistido en que la salida de la coyuntura actual, “de manera definitiva”, y la superación de esos riesgos, impulsando el crecimiento, el empleo y la competitividad, “no es compatible con intereses políticos particulares y en ocasiones contrarios”.

El titular de Economía ha analizado de forma pormenorizada la política económica europea, nacional y andaluza, desde que se inició la crisis en 2008, cuando la economía se estancó en 2012 y en el momento actual donde hasta los primeros meses de 2014 “no ha dado señales positivas”.

Por lo que respecta al caso andaluz, Sánchez Maldonado ha señalado que las posibilidades que tiene el Gobierno autonómico de actuar en términos ‘macro’ son “escasas”, pues los recursos financieros vienen determinados en gran parte por las decisiones marcadas desde los ámbitos supranacional y nacional.

En el Proyecto de Presupuesto para 2015, ha indicado el consejero, a las “limitaciones” que supone el escenario de consolidación fiscal, se añaden las medidas contractivas aplicadas a Andalucía en materia de financiación autonómica y en lo que respecta al FCI, “amén de un persistente incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía”, lo que supone una “detracción continua para inversiones, que sumará miles de millones cuando finalice esta Legislatura”.

En esta línea, el consejero ha destacado que en Andalucía “otra política económica es posible”, argumentando que, desde que se iniciara la crisis, la Junta ha simultaneado, dentro del margen de sus competencias, el estímulo a las políticas de crecimiento y de empleo con el mantenimiento de las políticas sociales y con el cumplimiento escrupuloso de los requisitos de consolidación fiscal, tanto en términos de déficit como de deuda. No obstante, ha precisado que “no se trata de una receta mágica, pues no hay recetas convencionales ni mágicas”.

Según sus palabras, “durante 2014, la evolución de la economía andaluza está siendo bastante más positiva de lo previsto hace un año, al tiempo que el contexto exterior ha mejorado con menor intensidad de la esperada”. Por tanto, ha puntualizado Sánchez Maldonado, las perspectivas para 2015 se enmarcan a priori en una situación más favorable que en ejercicios anteriores y, por tanto, existe la posibilidad de continuar avanzando en la recuperación económica, con la creación de empleo como máxima prioridad, y en la reorientación del modelo productivo.

Con este escenario, ha querido subrayar el mantenimiento de los logros alcanzados en materia social, “como cuestión inalienable”, y de la educación, como eje central de la política económica del Gobierno andaluz, ya que es “un factor de desarrollo no sólo en términos cualitativos, sino también cuantitativos”.

Impacto universitario en la economía

En materia de educación, se ha referido a un estudio realizado recientemente por la Universidad de Málaga sobre el impacto de la cualificación del capital humano en el desarrollo económico de Andalucía, en base a la evaluación de la dimensión socioeconómica del Sistema Universitario Público Andaluz, como mayor contribuidor a dicha cualificación.

El estudio de la Universidad analiza la contribución del Sistema Universitario a la recaudación fiscal impositiva a través de los dos impuestos más representativos: el IRFP y el IVA. Destaca que, en años de crisis, como 2010, el Sistema aportó 2.100 millones a la recaudación por IRPF, y  en 2011, su contribución a las arcas públicas por vía del IVA alcanzó un máximo cercano a los 700 millones de euros.

Por otra parte, también contribuye a aumentar la tasa de actividad de la población andaluza en 17 puntos. Así, actualmente la tasa de paro de andaluces con titulación superior es del 21,8%, mientras que para andaluces con estudios secundarios se eleva hasta el 38,8%.

En lo que respecta al capital tecnológico de Andalucía, las diez universidades públicas han casi triplicado su aportación en los últimos 18 años, al pasar de 1,4 millones de euros en 1994 a los 3,8 millones de euros en 2012. Por último, en términos de crecimiento del PIB, la aportación global del Sistema es de 0,29 puntos sobre un crecimiento medio del 0,91, durante la década 2002-2012.

Finalmente, el consejero de Economía ha remarcado que, mientras el PIB decrece drásticamente a partir de 2008, la contribución del sistema universitario al crecimiento económico sigue siendo siempre positiva e incluso aumenta, pasando del 0,28% en el período 2006-2008 al 0,42% en el trienio 2008-2010.

La economía española

Sánchez Maldonado también se ha detenido en analizar los Presupuestos Generales del Estado para 2015, que indican que el Gobierno de España “no se alinea, en su política económica nacional con la europea, en la senda impulsada por el Banco Central Europeo (BCE).

Y ha ofrecido unas conclusiones que refrendan que el Gobierno de la nación debía cambiar el rumbo de su política. El Banco de España, en su último boletín económico de septiembre, advierte del “riesgo” de que se frene la incipiente recuperación de la economía española, ya que los indicadores del tercer trimestre ponen en evidencia un "comportamiento algo menos expansivo de la demanda privada".

De este lado, ha explicado que las bases de esa recuperación de la demanda interna son poco sólidas y que el crecimiento del consumo de los hogares está sustentado en un moderado crecimiento del empleo. “Aunque crece ligeramente el empleo, desciende el número total de horas trabajadas, y con ello las horas trabajadas por ocupado, y todo ello, en unas condiciones salariales de ajuste en los últimos dos años y medio, de forma que el coste salarial por trabajador y mes se sitúa actualmente en los niveles más bajos desde 2010”, ha matizado.

A ello, el consejero ha unido otras medidas que no contribuyen al equilibrio económico y social del país, “sino todo lo contrario”. Se ha referido a medidas como sustentar la reducción del déficit en gran parte en la reducción del gasto público, no en el aumento de los ingresos por la vía de la recaudación tributaria, o mantener la senda de consolidación presupuestaria de manera inflexible para las comunidades autónomas (CCAA) y las corporaciones locales, a pesar de que la UE sí ha flexibilizado el compromiso de España como Estado miembro.

Además, en opinión de Sánchez Maldonado, y como viene ocurriendo desde 2012, sitúan el mayor esfuerzo de reducción del déficit en las CCAA, que en 2015, no podrá exceder del 0,7% del PIB, mientras que la Administración General del Estado podrá alcanzar el 2,9%. Es decir, ha considerado el consejero, “la Administración Central se incrementa su margen de objetivo de déficit hasta el 80,6%, a costa del mayor esfuerzo que deben realizar las CCAA, que ven reducido el suyo, al 19,4% en 2015”.

También el consejero ha lamentado que a todo esto haya que añadir una nueva reducción del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), al congelar la partida de 2014 tras las minoraciones de los dos ejercicios anteriores, situándolo en mínimos históricos. “Con lo que se consagra una clara insuficiencia para la corrección de los desequilibrios económicos interregionales”, ha apostillado.

A este respecto, ha recordado que son las CCAA de menor renta las más afectadas por la crisis y, por tanto, donde resulta más necesario mejorar la dotación de stock público y, con ello, el potencial de crecimiento. Y ello, según ha puntualizado, adquiere más trascendencia si se tienen en cuenta que las CCAA comparten con el Gobierno Central las políticas de oferta. “Su margen de acción depende no sólo de las políticas marcadas desde la Unión Europea, sino también –y  en mayor grado- de las del Gobierno de España”, ha concluido.