Proyecto de orden de regulación de indemnizaciones por aplicación de medidas fitosanitarias obligatorias para erradicación y control de organismos nocivos en Andalucía, y método analítico para su cálculo.

La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, regula en su artículo 14 las actuaciones inmediatas y la declaración de existencia de una plaga, sea de cuarentena o no. De acuerdo con esto, la autoridad competente de la Comunidad Autónoma podrá declarar la existencia de una plaga cuando produzca o pueda producir perjuicios económicos o daños de tal intensidad, extensión o naturaleza que hagan necesaria la lucha obligatoria como medio más eficaz de combatirla, o que las medidas fitosanitarias de lucha requieran ser aplicadas en zonas continuas o cuando la plaga constituya foco posible de dispersión.

Cuando para la lucha de una plaga, la acción individual pueda interferir la colectiva con riesgo de disminuir su efectividad y, a su vez, sea necesaria la adopción de medidas especiales ó el empleo de medios extraordinarios; se podrá establecer la obligación de realizarla colectivamente.

Por otra parte, el artículo 5.1a) y c) del Decreto 96/2016, de 3 de mayo, por el que se regula la prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspección de equipos para su aplicación y se crea el censo de equipos de aplicación de productos fitosanitarios, establece que ante la aparición por primera de vez de una plaga en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía o la sospecha de su existencia, la Consejería o Consejerías competentes en materia de agricultura o medio ambiente verificará la presencia y la importancia de la infestación y adoptará, entre otras, las medidas fitosanitarias obligatorias de lucha como consecuencia de la declaración de existencia de una plaga, así como de las medidas cautelares previas que se estimen necesarias para evitar su propagación, conforme a lo señalado en los artículos 13.1b) y 18 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre.

Asimismo, el artículo 6 del citado Decreto establece que las personas afectadas por la obligatoriedad de lucha contra una plaga se beneficiarán de la asistencia técnica y las ayudas económicas que, en su caso, se determinen en la norma correspondiente. En ese sentido, cuando las medidas establecidas supongan la destrucción, deterioro o inutilización de bienes o propiedades particulares o públicas, la Administración competente que haya declarado la plaga compensará a los perjudicados mediante la debida indemnización, cuyo importe se valorará de acuerdo con los baremos que se establezca en la norma reguladora y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada momento.

Por razones de eficacia, celeridad y de agilidad procedimental se publicó la Orden de 13 de junio de 2017, por la que se delegan competencias en materia de lucha contra plagas en lo relativo al desarrollo y ejecución de las medidas cautelares, la declaración oficial de existencia y las medidas fitosanitarias obligatorias de lucha contra las mismas.