Información general
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Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
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Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
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Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo.
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Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
La presente Orden establece las normas procedimentales para llevar a cabo la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación para las unidades de competencias de las cualificaciones, con el fin de asegurar que se logren los objetivos y se cumplan las finalidades y principios establecidos en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
Se ha evidenciado la necesidad de establecer un marco normativo regulador del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación para las unidades de competencias incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Igualmente, con esta nueva regulación se persigue la adopción de medidas de simplificación del procedimiento administrativo e implantación de la administración electrónica, en aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.
Con esta Orden se pretende mejorar la gestión del procedimiento de evaluación, acreditación y reconocimiento de las unidades de competencia, mediante la tramitación electrónica de las solicitudes, reducción de cargas administrativas y simplificación documental, a la vez que se dota de mayor seguridad jurídica y transparencia en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales a realizar por los profesionales habilitados para estos fines.
No se han contemplado otras alternativas, por considerar que éstas son las más adecuadas a los fines y objetivos que se persiguen con la Orden, así como a los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente.