Información general
La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece en el artículo 24 que las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social.
Asimismo, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las personas con discapacidad en Andalucía, dispone en su artículo 78 que la Administración de la Junta de Andalucía arbitrará medidas de información, formación y de toma de conciencia social, dirigidas a toda la población, para promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Mejorar la tasa de actividad de personas con discapacidad en Andalucía, que en 2017 era menos de la mitad (30,4%) en relación a la del resto de la población (74,3%).
Promover la inclusión laboral dentro de la política de diversidad de las empresas y entidades, y aplicarse a todos los niveles de las organizaciones, de una manera transversal.
Fomentar la autonomía personal, muy relacionada con la independecia económica que favorece tener un empleo.
La responsabilidad social en materia de discapacidad es de gran interés para las empresas y entidades, ya que las personas con discapacidad son un grupo de interés relevante pues representan, aproximadamente, el 10 % de la población andaluza, y además lo son desde un enfoque múltiple: como empleadas y empleados, como personas usuarias de los servicios, como ciudadanía, como proveedoras y proveedores, etc., y como tal deberían ser tenidos en cuenta, más allá del cumplimiento legal exigible previamente en todo caso.
Por otra parte, la pérdida de empleo, motivada por la crisis económica generada por la pandemia, hace que los empleos de las personas con discapacidad estén más en riesgo que nunca, necesitando de medidas positivas como ésta que alienten a su contratación.
La presente orden tiene por objeto crear el Sello “Andalucía Incluye” que reconozca la inclusión de las personas con discapacidad en las empresas y entidades públicas o privadas socialmente responsables, y los procedimientos para su obtención, renovación y uso.
Se pretende reconocer a empresas y entidades públicas o privadas que incorporan la igualdad de oportunidades, no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Es una acción positiva más que no excluye otras. No existen soluciones complementarias a la promoción del empleo de las personas con discapacidad, ni alternativas a esta propuesta.
La ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados durante el plazo de 15 días naturales a partir del día siguiente a su publicación a través del siguiente correo electrónico:
dgpersonascondiscapacidad.cipsc@juntadeandalucia.es
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente.