El Gobierno andaluz continuará trabajando en la acreditación administrativa de las situaciones de violencias sexuales aprobada hoy por el Gobierno de España en la Conferencia Sectorial de Igualdad pese a la inseguridad jurídica del procedimiento. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que ha participado en este encuentro de manera online, ha recordado que esta acreditación está prevista en la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de libertad sexual, más conocida como ley del sí es sí, “una ley que ha tenido unas consecuencias nefastas para las mujeres y, por tanto, necesitamos mayores garantías jurídicas para poner en marcha dicha acreditación”.
No en vano, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de libertad sexual en Andalucía se han producido al menos 230 reducciones de condena a agresores sexuales y una treintena de excarcelaciones. López ha señalado que desde el Instituto Andaluz de la Mujer se ha atendido a decenas de mujeres a las que se les ha ofrecido asistencia jurídica y apoyo psicológico ante los efectos de esta norma.
La responsable andaluza ha considerado “necesario” que se regule una acreditación administrativa para las víctimas de violencia sexual “con el fin de mejorar el acceso de estas mujeres y menores a todos los derechos, recursos y servicios reconocidos en la normativa estatal y autonómica, pero ha demandado mayor seguridad jurídica”.
En esta línea, ha apuntado que “el Gobierno andaluz es consciente de la importación de que se ofrezca a las víctimas una protección sociolaboral y económica ante la violencia sufrida y la vulneración de sus derechos más elementales, pero ha exigido las máximas garantías”. A este respecto, ha recordado que en Andalucía las víctimas de violencia sexual cuentan con una batería de recursos que incluyen la atención psicológica y la defensa legal gratuita.
El Gobierno andaluz cuenta con un servicio de atención inmediata 24 horas para víctimas de agresiones sexuales, cuyas profesionales se desplazan al lugar de los hechos si así lo demandan las mujeres agredidas, y un programa de recuperación integral, que incluye atención psicológica, asesoramiento jurídico y defensa procesal gratuita.
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