La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado hoy que Andalucía ha elevado al Gobierno central la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. La iniciativa supone, según ha explicado, un hito pionero en España y cuenta con las aportaciones del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres para la lucha contra este problema social, reconocido por la ONU como un atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Según Sánchez Rubio, “esta propuesta de pacto es imprescindible que se acometa a nivel nacional, para que puedan llevarse a cabo muchas de las medidas contempladas y que son de competencia estatal".
La propuesta andaluza cuenta con el respaldo de los distintos agentes sociales, especialmente el tejido asociativo de mujeres y el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), órgano consultivo que representa a más de 2.000 asociaciones de mujeres andaluzas, y al que aportó en julio de este año más de 500 propuestas al pacto. Previamente, el borrador inicial fue acordado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de noviembre de 2015 y remitido al Gobierno central y a otras instituciones, asociaciones, sectores y agentes sociales y colegios profesionales, que se han ido sumando a lo largo de los últimos meses.
El texto plantea, entre otras medidas urgentes, la adaptación de la legislación estatal al Convenio europeo de Estambul, lo que ampliaría el concepto de violencia de género a otras formas de violencia contra las mujeres (más allá del ámbito de la pareja); o la suspensión del régimen de visitas a los hijos para las personas denunciadas o condenadas por maltrato. También prevé la reposición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado durante los últimos cuatro años un 17%; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales, la formación especializada de profesionales que trabajen con víctimas, el impulso de la coeducación en todas las etapas educativas, y la inclusión en las estadísticas oficiales de las víctimas indirectas (familiares, amistades y entorno más íntimo de las mujeres) para conocer el alcance real de esta lacra, entre otras iniciativas.
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