La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha subrayado hoy en el Pleno del Parlamento que “la pobreza energética va más allá de una cobertura puntual, de emergencia e individualizada” y que es el resultado de diversos factores como la precariedad laboral y las bajas rentas, entre otros. Unas situaciones que, a su juicio, deben afrontarse con medidas globales que contribuyan a disminuir los niveles de desigualdad. Asimismo ha recordado que estas actuaciones deben abordarse en el marco estatal dado que “es el Gobierno de España el competente para combatir de forma clara e igualitaria en todo el territorio español la pobreza energética”.
La máxima responsable de las políticas sociales en Andalucía ha resaltado en el Parlamento las políticas que desarrolla el Ejecutivo autonómico para “luchar contra las desigualdades y atender a las personas más vulnerables frente a las consecuencias de la larga crisis económica y social”. Estas acciones son prioritarias para la Junta “porque son muchas las personas, familias y menores que necesitan apoyos para afrontar sus necesidades diarias” y no ser víctimas de la pobreza en general y de la energética de una forma más especifica.
Del mismo modo ha indicado que “estamos ante una variable del fenómeno pobreza” que requiere de forma prioritaria de cambios normativos en el sector eléctrico, además de otros.
Sánchez Rubio ha recordado que el Gobierno andaluz hace frente a esta situación con una serie de planes y medidas puestos en marcha en 2013, con el fin de atender a quienes más lo necesitan y con el objetivo de evitar la exclusión social. Así, se ha referido en primer lugar al decreto legislativo que contiene una batería de medidas extraordinarias y urgentes para la Inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad, que se mantiene y continuará en 2017.
Estas medidas se incrementaron en 2014 con el Programa Extraordinario para suministros vitales y prestaciones de urgencia social, que gestionan los ayuntamientos a través de prestaciones puntuales e individualizadas destinadas a cubrir necesidades básicas de urgencia como los gastos originados por los consumos de agua y luz o el pago de alquiler por inminente desahucio. Este año se han destinado al programa algo más de 6,4 millones de euros, atendiéndose a unas 29.000 personas a través de la colaboración de 747 municipios.
Otro de las iniciativas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales es el programa de Ayudas Económicas Familiares para prevenir, reducir o suprimir factores que generen situaciones de dificultad o riesgo social para los menores. El objetivo es favorecer la permanencia e integración en el entorno familiar y social. Este programa se lleva a cabo también con la colaboración de los ayuntamientos y ha supuesto una inversión este año de 9,7 millones de euros.
Además, la Junta cofinancia la Red de Servicios Sociales Comunitarios con casi 39,4 millones de euros que transfiere a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Sánchez Rubio ha recalcado la “importancia y necesidad” de unos servicios que son “la puerta de entrada al sistema público de igualdad y políticas sociales”.
Sánchez Rubio ha concluido su intervención en sede parlamentaria señalando que las actuaciones enumeradas pueden destinarse a cubrir tanto la pobreza energética como otras necesidades.
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