Andalucía, primera comunidad autónoma que planteó la necesidad de un Pacto de Estado contra la violencia de género, ha influido de manera directa en el paso dado en el Congreso de los Diputados, que el pasado 15 de noviembre aprobó por unanimidad crear una subcomisión para la elaboración del mismo. Así lo ha destacado hoy en sede parlamentaria la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha señalado que Andalucía quiere también influir en el contenido de dicho pacto, con las medidas incluidas en la propuesta andaluza.
Según ha recordado Sánchez Rubio, la propuesta andaluza de Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue un compromiso adquirido por la presidenta de la Junta en el pleno de abril de 2015 del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), y que quedó plasmado en un documento inicial aprobado por el Consejo de Gobierno en noviembre de ese año. La propuesta, elaborada a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), cuenta con el respaldo de los distintos agentes sociales, especialmente el tejido asociativo de mujeres y el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), que incluyó en julio de este año más de 500 aportaciones al pacto. Previamente, el borrador fue remitido al Gobierno central y a otras instituciones, asociaciones, sectores y agentes sociales y colegios profesionales, que se han ido sumando a lo largo de los últimos meses.
Finalmente, el Parlamento andaluz en su sesión plenaria de 20 de octubre aprobó por unanimidad una resolución por la que valora “muy positivamente esta propuesta de Pacto”, que a continuación es reenviada al Gobierno central, el 10 de noviembre.
Según ha destacado Sánchez Rubio, tras el paso dado en el Congreso de los Diputados, se hace necesario ahora que la subcomisión tenga en cuenta los contenidos propuestos desde Andalucía, que incluyen medidas como la adecuación de la normativa estatal al Convenio de Estambul; el mantenimiento de la red de atención directa a las víctimas de violencia machista en todos los niveles territoriales; la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge o pareja; la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores; la privación al agresor de la patria potestad como pena principal en los casos de homicidio y/o asesinato; o el cumplimiento íntegro de las penas, entre otras.
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