La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha vuelto a reclamar en sede parlamentaria “una estrategia nacional contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad” que incluya una batería de medidas que configure, entre otras, “un verdadero sistema nacional de rentas mínimas”. En este sentido, ha matizado que “lo importante es desarrollar un sistema fiscal progresivo” acompañado de otras medidas como unas “adecuadas políticas activas de empleo, una subida del salario mínimo interprofesional y, en resumen, acabar con la precariedad laboral”, asuntos que son competencia del Estado.
Sólo con las políticas puestas en marcha por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, más de 145.000 niños y niñas se benefician este año de las medidas destinadas a favorecer la inclusión social como el Programa de Ayuda a la Contratación, el refuerzo de comedores escolares, las escuelas de verano, el ingreso mínimo de solidaridad o las ayudas económicas familiares, todas ellas incluidas en la Alianza.
Sánchez Rubio ha abordado este asunto en la Comisión Parlamentaria de Igualdad y Políticas Sociales, en la que ha comparecido a petición propia para informar sobre la Alianza para la lucha contra la pobreza infantil en Andalucía, una iniciativa impulsada por la presidenta de la Junta en febrero de 2015 y que ha sido suscrita por 44 entidades públicas y privadas. El objetivo de esta estrategia es aunar y coordinar esfuerzos para contrarrestar los efectos de la crisis “especialmente en los más pequeños, para lo que es imprescindible el apoyo a las familias”.
Son varias las reuniones que ha mantenido la Alianza, integrada por representantes de la Junta y de otras entidades públicas y privadas. La última, ayer mismo, donde la consejera informó del notable incremento del número de proyectos de iniciativas sociales subvencionados destinados a la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Andalucía.
En este contexto, la consejera ha demandado una vez más al Estado, en el marco de sus competencias exclusivas, una ley de renta básica estatal que garantice la igualdad de todos los españoles, como hizo con la ley de dependencia. Sánchez Rubio ha fundamentado esta exigencia legal en la “obligación de los poderes públicos de garantizar al máximo la dignidad de los menores y sus familias”.
Antes de destacar algunas de las iniciativas que viene desarrollando la Junta de Andalucía, la consejera ha recordado que la Alianza ha sido ratificada y reforzada con el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020, aprobado por el Consejo de Gobierno en junio último. El documento incluye medidas transversales en todas las consejerías para seguir avanzando en la lucha contra la pobreza y establecer las bases de unas políticas que aseguren la presencia de la infancia en todas las actuaciones.
Medidas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Entre las medias puestas en marcha por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, la consejera ha informado que para el periodo 2016-2020, su departamento tiene aprobado una Estrategia de intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía, que responde a la finalidad del Objetivo de “Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción”, dotado con más de 169 millones de euros.
En lo que respecta a las Ayudas Económicas Familiares, en 2016 se han destinado 9,7 millones de euros, mientras que en 2015 las familias beneficiadas de estas ayudas fueron 15.121 familias y 27.938 niñas y niños.
Por otra parte, en 2016 se siguen desarrollando las medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía aprobadas en 2014. En este sentido, el Programa de Ayuda a la Contratación, gestionado por los Ayuntamientos, el presupuesto en 2015-2016 ha ascendido a 40 millones de euros anuales, lo que ha permitido 26.000 contratos anuales, mientras que el Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social ha supuesto entre 2015 y 2016 una inversión de 12,6 millones de euros. 28.800 personas.
En relación al Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, este Programa ha supuesto entre 2015 y 2016 una inversión de 11,6 millones de euros. 30.000 menores.
A su vez, la convocatoria de subvenciones asciende a 36,1 millones de euros entre 2015 y 2016, mientras que en el Programa de Solidaridad en 2016 se presupuestan 90,6 millones de euros y en 2015 se han beneficiado 51.657 unidades familiares.
Otras medidas
Igualmente, Sánchez Rubio ha resaltado las actuaciones que realizan otras consejerías de la Junta como Educación, que atendió en el pasado curso a 182.349 niñas y niños en los comedores escolares, y Salud que cuenta con una línea de prevención y establecimiento de sistemas de alerta de malnutrición. Fomento y Vivienda desarrolla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y tiene un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para detectar supuestos de vulnerabilidad en caso de desahucio.
Por parte de la Consejería de Justicia e Interior, en el contexto de sus competencias en materia de políticas migratorias, destacan la intervención sociosanitaria con personas migrantes de los asentamientos de Almería en colaboración con Médicos del Mundo y la atención a inmigrantes en zonas agrícolas de Huelva, entre ellos, personas menores de edad, en colaboración con Fundación Europea para la cooperación Norte-Sur y con Cáritas.
En el marco de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la consejera se ha referido a las ayudas al suministro de leche y otros productos lácteos al alumnado de centros escolares y las más de 16.207 toneladas de frutas y hortalizas donadas por las Organizaciones Productoras de Frutas y Hortalizas de Andalucía a Bancos de Alimentos. De la Consejería de Empleo, Comercio y Empresa ha destacado las medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, entre otras.
Además, ha recordado el reciente acuerdo del Consejo de Gobierno para incorporar cláusulas sociales en los contratos que celebre Andalucía con la finalidad de promover la igualdad de oportunidades y facilitar el acceso al empleo de colectivos con dificultades de inserción en el mercado laboral, en especial de personas en riesgo o en situación de exclusión social. De este modo se concibe la contratación pública como “un instrumento importante para hacer políticas sociales”.
En su intervención en la Cámara, Sánchez Rubio ha indicado que la economía ha crecido en Andalucía un 3,6% en 2015, sin embargo “persiste el deterioro de la cohesión social, agravado por el aumento de la desigualdad”. Por ello, ha justificado una vez más la necesidad de seguir adoptando “medidas excepcionales y urgentes para hacer frente a la situación que viven muchas familias”.
La consejera ha concluido su exposición manifestando que la pobreza infantil se combate con medidas que inciden en las familias en riesgo de exclusión social, además de las dirigidas directamente a la población menor de edad.
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