La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha insistido en la necesidad de construir “una sociedad más inclusiva y participativa”, que ofrezca las mismas posibilidades a las personas más necesitadas. Así lo ha expresado en Sevilla en el acto de la firma de convenios, que ha presidido, entre el director territorial de Andalucía Occidental de Caixabank, Rafael Herrador, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, con los representantes de 33 entidades sin ánimo de lucro de Andalucía Occidental, que han sido seleccionadas para llevar a cabo proyectos destinados de carácter social.
Los proyectos tienen como objetivo hacer frente a los retos sociales actuales, con especial atención a las personas que están en riesgo o en situación de vulnerabilidad social. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha participado en la valoración de las solicitudes presentadas en el marco del programa ‘Ayudas a proyectos de iniciativas sociales en Andalucía’, que financia la Obra Social de la Caixa.
En la convocatoria de este año se han priorizado las actuaciones que pretenden combatir la pobreza infantil, cumpliéndose así el compromiso de los poderes públicos y la sociedad civil de luchar contra la misma, como ha recordado la consejera en su intervención. En este sentido, ha indicado que se han presentado un total de 508 proyectos de los que 110 han sido valorados por su Departamento, tras descartarse el resto por no cumplir algunos de los requisitos. Finalmente han sido seleccionados 68 proyectos, que contarán con algo más de 1,5 millones de euros para desarrollar sobre promoción de la autonomía y atención del envejecimiento, recursos residenciales temporales, discapacidad y dependencia, inserción sociolaboral e interculturalidad y acción social. Del total, 30 proyectos tienen como objetivo la lucha contra la pobreza y exclusión social, una de las líneas que se ha priorizado en la actual convocatoria. La distribución provincial de los proyectos seleccionados es Almería 3, Cádiz 5, Córdoba 6, Granada 15, Huelva 4, Jaén 6, Málaga 9 y Sevilla 20.
La consejera ha recordado algunas de las principales actuaciones que desarrolla la Junta de Andalucía para acabar con la exclusión social y facilitar la inclusión. De este modo, en primer lugar se ha referido al II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020, aprobado por el Consejo de Gobierno en junio último y que incluye medidas transversales en todas las consejerías para seguir avanzando en la lucha contra la pobreza. Asimismo pretende establecer las bases de unas políticas que aseguren la presencia de la infancia en todas las actuaciones.
Sánchez Rubio ha subrayado otras medidas como la Estrategia de Actuación Integral en zonas desfavorecidas, dotada con cerca de 170 millones de euros en el periodo 2016-2020 para mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Igualmente, las Ayudas Económicas Familiares a las que se destinan este año 9,7 millones de euros y de las que se han beneficiado en 2015 un total de 15.121 familias y 28.000 menores.
Otras iniciativas son las Medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía en las que se incluye el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía (PEACA), con una media anual de 26.000 contratos realizados. Igualmente, el Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, gestionado por los ayuntamientos y dotado con 12,6 millones, que han beneficiado unas 28.000 personas (periodo 2015-2016), y el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, con una inversión de 20,3 millones de euros entre 2015-2016 (contando también los 3 millones anuales aportados por la Consejería de Presidencia y Administración Local a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes). A través de esta iniciativa se han puesto en marcha 66 escuelas de verano, comedores sociales, servicio de catering para personas mayores de 65 con escasos recursos económicos y actuaciones desarrolladas por Federaciones y Organizaciones de Voluntariado. Según estimaciones, más de 145.000 menores se habrán beneficiado este año de las medidas.
La consejera ha anunciado que “estamos trabajando en un nuevo decreto que mejore el ingreso mínimo de solidaridad”, en el que entre otros aspectos se tendrán en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo andaluz en el sentido de “adaptarlo a la realidad social y económica del momento, para hacerlo más accesible a la población destinataria, la más desfavorecida”. Este trabajo normativo se está realizando en colaboración con la Consejería de Empleo, dada la necesidad de aunar las políticas activas de empleo con las rentas mínimas, ha puntualizado.
Por último, ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz de reforzar las medidas de apoyo a las familias como una de las actuaciones necesarias para la lucha contra la pobreza infantil.
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