La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha subrayado que la futura Ley de Participación Ciudadana va a consolidar un “nuevo modelo de relaciones entra las administraciones públicas y la ciudadanía”. El proyecto de Ley ha sido objeto de debate ante el Pleno del Parlamento, en el que la consejera ha recalcado que la futura norma “potenciará una cultura participativa inspirada en valores como la responsabilidad, el compromiso y la justicia social”.
Según ha destacado la consejera, esta Ley de Participación Ciudadana “es un elemento esencial dentro de la participación democrática de la ciudadanía, que se une a la Ley de Transparencia Pública de Andalucía”.
En su exposición, Sánchez Rubio ha recordado que la base del proyecto es “un proceso de participación abierto, transparente y dialogado” con la sociedad civil andaluza, que cada vez demanda una mayor y más directa participación en los asuntos que le conciernen. Por ello, son “imprescindibles” herramientas como esta norma, que permitirá a la ciudadanía “elevar su voz y que se tenga en cuenta”.
La futura norma es fruto de un proceso en el que se han incorporado “lo mejor de las iniciativas y las conclusiones de los informes emitidos por distintos órganos”, según Sánchez Rubio, quien ha añadido además que “se ha escuchado al máximo número de ciudadanos y entidades posibles”. Así, se han realizado encuentros territoriales y sectoriales donde se han elaborado propuestas de reflexión y debate colectivo. Además, han participado de forma real y directa 5.500 personas y se han recibido 511 alegaciones sobre el borrador inicial durante el trámite de información pública del anteproyecto, que han enriquecido notablemente el texto.
Según ha detallado, la nueva ley establece un marco legal y real para impulsar la participación desde una base jurídica sólida, promoviendo “nuevas formas de democracia directa” complementarias del modelo representativo. Unos procesos participativos que “están en plena consonancia con los instrumentos que garantiza la Constitución Española”, ha recalcado.
Igualmente, ha resaltado el derecho de los mayores de 16 años a intervenir directamente en los asuntos públicos, con el fin de generar una cultura de la participación activa desde las edades más tempranas. La consejera ha hecho hincapié en este aspecto que constituye una de “las innovaciones más destacadas” de la futura ley.
Sánchez Rubio se ha detenido especialmente en las consultas populares a las que se dedica gran parte del articulado de la ley, que las define como instrumentos para valorar los efectos reales de las actuaciones públicas o para orientar las decisiones sobre las mismas. Podrán llevarse a cabo mediante encuestas, audiencias públicas, foros de participación, paneles y jurados ciudadanos y consultas participativas. Ha insistido en que se pretende dotar a la ciudadanía de cauces directos e indirectos de participación en el mar-co y con las garantías constitucionales.
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