La Junta de Andalucía mantiene su compromiso de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad, a pesar de la “asfixia económica” de los presupuestos del Estado para este año, según ha expuesto en el Pleno del Parlamento la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
En su intervención sobre política general en materia de discapacidad, la consejera ha insistido en la necesidad de encontrar “caminos alternativos para ofrecer soluciones y facilidades a las personas con discapacidad, para que puedan desarrollar su proyecto de vida”. Un avance que es cada vez más complicado teniendo en cuenta los recortes en los presupuestos del Estado para este año en el que el Gobierno dejará de invertir 2.800 millones de euros en esta área, ha denunciado la consejera.
Sánchez Rubio ha recordado algunos de los recortes que ha realizado el Estado en el periodo 2011-2017 como el del 10% en el Programa de Atención a la dependencia y el 40% en el Plan Nacional sobre Drogas, los servicios sociales a personas mayores y a personas con discapacidad o la atención a emigrantes. En concreto, los programas de personas mayores han perdido en total 500 millones de euros y la atención a la personas con discapacidad 180 millones de euros. Igualmente, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas en materia de Servicios Sociales ha descendido un 68%.
Frente a “este escenario de recortes”, el Ejecutivo andaluz ha seguido avanzando con iniciativas, planes, normativas y otras medidas para atender “las nuevas realidades a las que deben enfrentarse cada día las personas con discapacidad”. Unas acciones que están presididas por la transversalidad, incluyendo políticas y líneas de acción de carácter general.
La consejera ha destacado algunas de estas iniciativas como el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, con el objetivo de prevenir y evitar el agravamiento de la dependencia y de la discapacidad, y el I Plan Andaluz de Atención integral a menores de 0 a 6 años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla con un horizonte hasta 2020. Éste último es el primero que aprueba una Comunidad autónoma, elevando la edad obligatoria de atención de los 3 años que exige la Ley a seis años.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado una Estrategia para la Reducción de los tiempos de respuesta asistencial y así acortar los tiempos en la tramitación del procedimiento. Igualmente, Sánchez Rubio ha recordado algunas prestaciones de la Junta del sistema de la dependencia como las 14.868 plazas financiadas con dinero público que se distribuyen, entre otras, en atención residencial (5.589 plazas), unidades en centros de día (2.887 plazas) y el servicio de estancia diurna con terapia ocupacional (539 plazas). Además, la Junta está trabajando en un nuevo mapa de servicios sociales, que servirá para elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía.
Sánchez Rubio ha recordado también en la Cámara las subvenciones de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para 2017 por importe de 6 millones de euros y 360.000 euros, según sean sus destinatarios instituciones o personas individuales, para la realización de programas y el mantenimiento de las estructuras asociativas en el ámbito de las personas con discapacidad. El Pacto Andaluz de Accesibilidad es otra de las iniciativas a la que ya se han adherido 210 municipios.
Otras acciones
Además de las actuaciones específicas de su Departamento, la consejera ha repasado las iniciativas de otros departamentos de la Junta que están “estrechamente relacionados con las personas con discapacidad”. En este contexto, ha hecho especial mención a las acciones que se desarrollan a través de la Consejería de Educación para atender a los menores con necesidades especiales, como prevé el modelo de Escuela inclusiva que se aplica en Andalucía y que permite que “más del 90% de la población escolar con necesidades educativas especiales están en los centros ordinarios”. Del mismo modo ha destacado el programa de atención temprana de la Consejería de Salud.
Relacionado con la Consejería de Turismo, Sánchez Rubio ha hecho referencia al Tercer Plan de Calidad turística 2014-2020 y al nuevo Plan general de turismo sostenible, que considera que la oferta debe ser accesible a todas las personas. También depende de esta Consejería el Protocolo de Colaboración con el CERMI-Andalucía (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía), para impulsar y desarrollar acciones dirigidas a mejorar la accesibilidad del sector turístico de Andalucía.
El Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 es otra de las acciones “novedosas” al incluir la permuta de viviendas por motivo de alguna discapacidad que implique movilidad reducida o dependencia sobrevenida
Tras esta exposición, la consejera ha subrayado que esta es la línea de trabajo que debe seguirse para “mejorar el presente y anticiparse al futuro”. Ha apuntado que para ello es necesario un presupuesto que “apueste claramente por las políticas sociales” y no como las cuentas del Estado que, entre 2012 y 2017, han recortado 625 millones de euros en la financiación para las personas en situación de dependencia en Andalucía.
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