La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha comparecido hoy en el Parlamento andaluz para informar de la posición de la Junta de Andalucía ante el nuevo modelo de gestión que va a presentar el Gobierno central en lo relativo al reparto de subvenciones del Estado a cargo del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), instando a que “presente de una vez por todas el Decreto que lo regula y defina los criterios de distribución y la cuantía que corresponde a las comunidades autónomas”.
En este sentido, Sánchez Rubio ha subrayado que “desde Andalucía vamos a luchar para conseguir el mejor sistema para que las entidades del Tercer Sector puedan desempeñar su labor fundamental en el desarrollo de las políticas sociales y defender sus derechos”.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha señalado durante su intervención que “queremos dejar muy claro que a estas alturas del año aún la Administración General del Estado no ha definido el tramo estatal ni el autonómico, y en consecuencia, los criterios de distribución y la cuantía que corresponde gestionar a la Junta de Andalucía. Por ello, para proceder a la convocatoria correspondiente al año 2017, es necesario disponer de dichos créditos que hemos de recibir vía transferencias finalistas procedentes del Estado”.
Sánchez Rubio ha resaltado que “en la medida en que dependa de nosotros, no vamos a permitir que no haya convocatoria este año, porque somos conscientes del perjuicio que originaria tanto para las personas como para las entidades beneficiarias, sin olvidar su repercusión en la perdida de puestos de trabajo”.
“Mantenemos nuestra voluntad y mano tendida al Gobierno central para que, antes que después y dentro de la normativa vigente y en el marco competencial que tenemos atribuido, se pueda resolver la concesión de ayudas a Entidades del Tercer Sector de Andalucía con cargo a la asignación presupuestaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, ha destacado la consejera.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha informado en el Pleno del Parlamento que “hemos propuesto que, dada la limitación de tiempo a la que nos había sometido la Administración General del Estado, tras no haberse sentado antes con las Comunidades Autónomas, elevar una consulta al Tribunal Constitucional. Dicha consulta versa sobre la posibilidad de que este año, excepcionalmente, dadas las circunstancias, fuese el Ministerio quien gestionara la convocatoria 2017, comprometiendo en esta consulta la constitución de un grupo de trabajo entre la administración general del estado y las Comunidades autónomas. El fin último de este grupo sería planificar los criterios de distribución y gestión de las siguientes convocatorias”.
Sánchez Rubio ha subrayado que en Andalucía “se gestionan 39 millones de euros para el tercer sector a través del IRPF. Por ello, exigiremos tiempo para trabajar en este decreto con el fin de ponerlo en marcha con garantías para evitar que en un mes vuelva al Tribunal Constitucional y ponga en juego las subvenciones para 2017”.
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