La Comunidad andaluza ha experimentado un descenso en el número de tutelas y, por tanto, de menores acogidos en centros de protección gracias al modelo de atención a la infancia basado en la prevención y el apoyo a las familias impulsado por la Junta de Andalucía a través del sistema de acogimiento familiar, según ha informado en Comisión Parlamentaria la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
Para subrayar el alcance de las medidas de acogimiento, la consejera ha indicado que desde se impulsó el programa de acogimiento de urgencia en 2008, y hasta la actualidad, se ha evitado que 1.617 menores ingresaran en centros.
Sánchez Rubio ha recordado que este es uno de los objetivos de la futura Ley de Infancia y Adolescencia, cuyo anteproyecto se está tramitando, que elevará de tres (como marca la normativa estatal) a seis años la edad mínima para ingresar en un centro de protección de menores. Asimismo, se establece que cuando el ingreso sea de menores con edades entre siete y doce años el tiempo de permanencia no puede superar los seis meses. También el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020 prevé el acogimiento familiar para los menores de 12 años.
Hay diferentes modalidades de acogimiento familiar de urgencia, temporal, permanente, y especializado, que se llevan a cabo mediante programas concertados con Entidades Colaboradoras de Integración Familiar (Icif) por una inversión anual de algo más de 3,5 millones de euros. Así, en el primer trimestre de este año se ha atendido 3.027 menores (2.145 con familia extensa y 882 con familia ajena) y a 2.378 familias acogedoras (1.644 familias extensas y 734 ajenas). De los menores acogidos este año, 210 se han incorporado al programa de acogimiento, lo que da una idea del “impacto positivo de las campañas para las captación de nuevas familias”.
En su intervención, la consejera ha reconocido y ha agradecido a las familias acogedoras “la importante labor que realizan” y en la que cuentan con apoyo de la Junta. En este sentido, ha recordado que se ha actualizado la orden que regula las prestaciones económicas para familias acogedoras aumentando las cuantías según se trate de acogimiento de urgencia, especializado y temporal, además de simplificar su gestión. El coste anual de esta prestación es de algo más de 11,5 millones de euros. Por otra parte, también se ha editado la Guía Acoger, Adoptar, Ayudar, como un instrumento informativo dirigido a todas las personas que quieran conocer cómo ayudar a los menores del sistema de protección. También en este marco la consejera se ha referido al Plan Siempre en Familia, que constituye un eje de trabajo para fomentar una alternativa familiar a los menores del sistema de protección.
Otros instrumentos
Sánchez Rubio ha enumerado otros instrumentos impulsados por su Departamento con el fin de prestar apoyo a las familias acogedoras. En este contexto, ha indicado que durante este mes de noviembre se están realizando encuestas a familias acogedoras para conocer de primera mano la atención que les prestan las Entidades Colaboradoras. Con la información obtenida se elaborarán protocolos para optimizar las intervenciones de los profesionales, en función de las necesidades de las familias y de los menores.
Otras actuaciones que se han llevado a cabo son el Encuentro de Familias Acogedoras, con la asistencia de 400 adultos y 300 niños y niñas; la constitución de la Plataforma de Asociaciones de Familias Acogedoras de Andalucía; la elaboración de un Manual sobre Valoración de Idoneidad para el acogimiento familiar, y la puesta en marcha de la Web Escuela de Familias Adoptivas, Acogedoras y Colaboradoras.
Centros de protección
Sánchez Rubio ha manifestado que cuando no es posible el acogimiento se recurre a los Centros de Protección de menores, que prestan atención inmediata a los niños y las niñas que transitoriamente están en una situación de desprotección. Este es el caso de los Menores Extranjeros No Acompañados en el momento de la llegada (MENAs), a los que se les proporciona un desarrollo integral combinando la calidad técnica y la calidez humana. De este colectivo ha subrayado cómo ha aumentado el número de personas que han llegado a Andalucía durante este año, lo que supone “un gran impacto” por la atención inmediata que necesitan. En este orden de cosas, ha precisado que son menores que “requieren una atención diferenciada” por sus características propias culturales, idiomáticas y religiosas, entre otras.
Antes de detallar la información sobre los centros, la consejera ha resaltado que se recurre a los centros “como una medida protectora sobre los menores cuando han fallado las estrategias preventivas y los recursos encaminados a paliar los déficits familiares”. Ha señalado que los profesionales de estos centros realizan un trabajo dirigido a optimizar el proceso de desarrollo de cada menor para que puedan afrontar con éxito las adversidades y ser capaces de construir una vida futura positiva.
Andalucía cuenta con la Red Institucional de Centros de Protección de Menores en el que están integrados 215 centros, 20 de titularidad de la Junta con 448 plazas de gestión directa, y 195 conveniados o concertados con entidades. Entre todos los centros suman 2.303 plazas distribuidas entre atención residencial básica (1.387 plazas) y acogida inmediata (468 plazas), así como 448 en programas para necesidades específicas (59 en conflicto social, 147 en graves problemas de conducta, 103 en discapacidad y 139 en orientación e inserción sociolaboral para menores de 16 a 18 años). A estas plazas se añaden 300 que ha habilitado la Junta para atender el incremento de demanda de menores no acompañados registrado este año.
Programas de atención
En su comparecencia se ha referido igualmente a los diversos programas de atención residencial que llevan a cabo los centros para atender a los variados perfiles de las personas que atienden. Así, entre otros, ha destacado el programa de Acogida Inicial e Inmediata y el de Atención Residencial Básica, así como el de Orientación e inserción socio-laboral para menores de entre 16-18 años de edad, este último destinado a facilitar el paso del acogimiento residencial a la vida independiente proporcionándoles la máxima autonomía personal y la integración social y laboral. Este programa se complementa y se refuerza con la implantación y la extensión a los Programas de Mayoría de Edad (+ 18), los de Alta intensidad (pisos de autonomía con estancia máxima de un año) y los de Media/Baja intensidad (centros de día). Un total de 1.774 jóvenes se han beneficiado el último año de estos recursos.
Además hay centros que desarrollan programas de atención a menores en situación de conflicto social, menores con discapacidades y menores con trastornos de conducta.
Del mismo modo ha puesto en valor los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) porque realizan “un trabajo eficaz en la prevención del alto riesgo y el apoyo a la permanencia o reintegración de menores en sus familias de origen”. Sánchez Rubio ha recordado que entre los adolescentes y jóvenes hay una alta proporción de menores de entre 16 y 18 años, que necesitan unas intervenciones muy específicas encaminadas a su autonomía e inserción social y laboral.
Antes de cerrar si intervención, Sánchez Rubio ha vuelto a insistir en los avances conseguidos en los últimos años en los sistemas de protección a la infancia gracias al “esfuerzo creciente” del ejecutivo autonómico para que las familias dispongan de todos los recursos necesarios y evitar así la salida de menores del núcleo familiar ante posibles situaciones de desprotección. Ha recalcado que “para la Junta lo importante es atender correctamente a las y los menores” y asegurarles la mayor normalización posible de su situación para que tengan las mismas capacidades y posibilidades que cualquier niño, niña o adolescente.
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