La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha solicitado a los grupos parlamentarios andaluces el máximo apoyo a la reforma de la Ley autonómica de Igualdad para impulsar “los instrumentos imprescindibles” para que la igualdad legal, reconocida en la legislación nacional e internacional, “se haga real”. La consejera lo ha defendido así durante el debate de totalidad de la modificación de la Ley 12/2007, que fue aprobada en Consejo de Gobierno el pasado mes de marzo, tras haber sido trabajada y consensuada con organizaciones de mujeres, agentes sociales, partidos, personas expertas y ciudadanía en general, y en especial con el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), que representa a más de 270.000 mujeres de más de 2.200 asociaciones y federaciones.
Según ha explicado la consejera, una de las principales novedades de la reforma es la incorporación de un régimen sancionador que permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad. El proyecto incluye un listado de infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros, en función de la gravedad, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas. Asimismo, habilita al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para investigar discriminaciones directas o indirectas por razón de género y para actuar a través de la negociación y de la remisión de informes a la Inspección de Trabajo.
Otra de las líneas prioritarias de la nueva ley es la coeducación, al contemplar el desarrollo de planes de igualdad obligatorios en los centros educativos e integrar la perspectiva de género en el desarrollo curricular de todas las etapas educativas, entre otros aspectos. También incluye la creación de una comisión de personas expertas para la revisión de estos contenidos, tanto de lenguaje como de imágenes, en los libros de texto y materiales curriculares. Para reforzar el papel de los centros escolares como vehículos de transmisión de igualdad, la reforma detalla todas las funciones específicas que desempeñarán las personas responsables de coeducación, encargadas de velar por el cumplimiento de los planes de igualdad, al tiempo que establece la formación obligatoria en igualdad tanto del profesorado en prácticas como del equipo directivo de los colegios e institutos públicos.
Junto con ello, las universidades deberán incluir enseñanzas obligatorias de igualdad en sus planes de estudios, con especial incidencia en el grado, máster y doctorado en Ciencias de la Educación.
En el ámbito laboral, la reforma incluye novedades como la elaboración de un Plan andaluz específico para la eliminación de la discriminación salarial, así como la planificación anual de medidas para combatir la discriminación laboral y el acoso sexualdentro de los planes de actuación de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo. Asimismo, se establece la creación del Registro de Planes de Igualdad en las Empresas y se dispone la realización periódica de estudios para analizar diferencias retributivas en las empresas y en los distintos sectores económicos.
Las medidas de carácter laboral se completan con previsiones para reforzar la conciliación y la flexibilidad horaria en el ámbito de la Administración autonómica y la reserva de al menos un 40% de las plazas de cursos de formación a personas incorporadas al servicio después de permisos de conciliación de la vida familiar y laboral, entre otras.
La reforma incluye medidas destinadas a fomentar el papel de las mujeres en la ciencia y la I+D+i; eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y evaluación del personal investigador, y fomentar la presencia paritaria de mujeres y hombres en eventos científicos, académicos e institucionales.
En relación con las políticas públicas, la reforma extiende el ámbito de la planificación a las entidades locales, que deberán aprobar sus propios planes de igualdad. Por su parte, la Administración autonómica implantará programas de formación para su personal, y en los procesos selectivos de empleo público priorizará, en igualdad de mérito y capacidad, al sexo menos representado en los niveles y especialidades donde su presencia sea menor al 40%.
En materia de deporte, la futura ley impondrá a las federaciones, asociaciones y entidades deportivas la obligación de velar por el respeto al principio de igualdad en la celebración de pruebas y eventos deportivos.
El proyecto se completa con disposiciones relativas a la representación equilibrada en los órganos de dirección de los Colegios Profesionales; la promoción del papel de las mujeres en el medio rural y pesquero; las iniciativas destinadas a favorecer la producción artística y cultural de las mujeres, y la colaboración con los medios de comunicación para erradicar los contenidos y la publicidad sexista o que incite a la violencia de género, entre otros.
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