La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha resaltado hoy en Comisión parlamentaria la “intensa colaboración” entre la Junta de Andalucía y entidades públicas y privadas en la lucha contra la pobreza infantil, mediante el desarrollo de la Alianza para la lucha contra la pobreza infantil en Andalucía, que ha incrementado “notablemente el número de proyectos de iniciativas sociales subvencionados” destinados a la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Andalucía.
Las actuaciones desarrolladas en el marco de la Alianza por las diferentes instituciones públicas (las Consejerías de la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias) y privadas (Entidades Sociales, Organizaciones y Fundaciones, Sociedades Científicas relacionadas con la atención integral a la infancia, Agentes Económicos y Sociales, Empresas de Economía Social y Empresas de Andalucía) y también Entidades Financieras que la integran confluyen en el objetivo común de eliminar desigualdades, compensar situaciones deficitarias, prevenir situaciones de riesgo, combatir la exclusión social, la pobreza, tanto en general como en concreto la infantil. Los programas que vienen desarrollándose por estas entidades son muy variados y de amplio espectro.
“Necesitamos un Sistema de financiación adecuado, más justo para mantener las políticas de Cohesión social, que todavía lo estamos esperando. Precisamente los nuevos Presupuestos Generales vuelvan a maltratar a Andalucía, no realizando las inversiones necesarias, como puede ser en infraestructuras o en políticas sociales. Es necesaria una estrategia nacional contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad que contemple un glosario de medidas entre las que destacaría un verdadero Sistema nacional de Rentas Mínimas”.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha reivindicado que “hay que adoptar medidas globales que son competencia del Estado y que tendrá que abordar de una vez por todas y no seguir ejecutando recortes en todas las áreas de la Administración. Según Sánchez Rubio, “el Gobierno de España está lejos de adoptar precisamente estas medidas como lo demuestran los Presupuestos Generales del Estado que destinan 42 euros menos por habitante a Andalucía. Andalucía recibe con 176,2 euros, por debajo de la media nacional que está en 217,6 euros/habitante.
Medidas en Andalucía
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha resaltado igualmente las iniciativas de su Departamento como la Estrategia de intervención en zonas desfavorecidas, dotada con más de 169,4 millones de euros en el periodo 2016-2020, la Orden dirigida a las Entidades Locales en concurrencia no competitiva para elaborar los Planes Locales de intervención en dichas Zonas con 27,9 millones de euros para 2018, y las Ayudas Económicas Familiares de las que se han beneficiado 17.000 familias y 31.000 menores en 2017, y que para 2018 se destinan 13,3 millones de euros.
También, las Medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía en las que se incluye el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía (PEACA), que cuenta con 774 municipios y una media anual de 26.000 contratos realizados y 65.300 personas beneficiarias.
Igualmente, el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria al que se han destinado 5,7 millones de euros en 2017 y más de 20.000 personas atendidas. A través de esta iniciativa se han puesto en marcha 66 escuelas de verano en toda Andalucía, comedores sociales, servicio de catering para personas mayores de 65 con escasos recursos económicos y actuaciones desarrolladas por Federaciones y Organizaciones de Voluntariado.
Otras medidas
Sánchez Rubio también ha destacado que “el pasado 17 de enero se convalidó en la Diputación Permanente de este Parlamento el Decreto-Ley que regula la Renta Mínima de Inserción en Andalucía, y que entró en vigor el 1 de enero de 2018. Se trata de uno de los ejes del Plan estratégico de Servicios Sociales de entre otros que se van a poner en marcha para la prevención de las desigualdades, de la exclusión social.
“Precisamente la nueva Ley garantiza determinadas prestaciones como lo son las prestaciones económicas específicas y directas orientadas a la erradicación de la marginación y la desigualdad, que deberán incorporar un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción sociolaboral”, ha subrayado.
Por otra parte, ha informado que la semana pasada La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales aprobó las bases que regularán la concesión de diversas líneas de subvenciones destinadas, entre otras, a personas mayores, en situación de dependencia y colectivos vulnerables. Las órdenes de convocatoria de estas subvenciones que se publicarán posteriormente a la orden de bases reguladoras, van a suponer que se destine este año 21 millones de euros.
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