La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha recibido el encargo del Consejo de Gobierno de iniciar las actuaciones necesarias para el diseño y aprobación de un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía. De esta forma, el ejecutivo andaluz cumple con el punto 21 de las medidas programadas para los primeros 100 días del nuevo Gobierno en Andalucía.
Este acuerdo debe desarrollar en la comunidad andaluza los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, implementando, con dotación presupuestaria suficiente, las medidas previstas en la ley 7/2018 de 30 de julio por la que se modifica la ley 13/2007 de 26 de noviembre de prevención y protección integral contra la violencia de género.
De esta forma, el Gobierno de la Junta de Andalucía asume la necesidad de implantar un marco estratégico global ambicioso que impulse mejoras eficaces para prevenir y erradicar la violencia de género que aúne, programe y coordine en la comunidad las acciones del Pacto de Estado en las que tiene competencia. Este acuerdo se plantea como un entorno compartido que servirá de instrumento para orientar las actuaciones de todas las partes implicadas en la prevención y erradicación de la violencia de género en Andalucía desde una perspectivas transversal, multidisciplinar y multisectorial.
En este acuerdo, la violencia contra las mujeres se abordará con perspectiva de género y de Derechos Humanos, así como con un compromiso de cooperación y colaboración entre las diferentes instituciones y la sociedad civil, con un apoyo decidido a las víctimas y respeto a todos sus derechos.
El Convenio de Estambul de 2011 (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica) aboga por una política integrada e insta a una acción concertada de los numerosos actores intervinientes, entre ellos los gobiernos regionales, a los que exige un importante compromiso contra la violencia de género.
La violencia de género tiene naturaleza estructural y se dirige contra la mujer por el mero hecho de serlo, representando una vulneración fragante de los Derechos Humanos. Su erradicación es condición necesaria para el logro de una sociedad democrática y así, el artículo 9.2 de la Constitución obliga a la adopción de medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos los derechos fundamentales de las mujeres, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.
Por su parte, el artículo 73.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía prevé que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de lucha contra la violencia de género, la planificación de actuaciones y la capacidad de evaluación y propuesta ante la Administración central. Asimismo, se considera el establecimiento de medidas e instrumentos para la sensibilización, detección, prevención, regulación de servicios y destino de recursos propios para conseguir una protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia.
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