10,5 millones para una Renta Mínima extraordinaria que beneficiará durante 5 meses a 4.200 familias

Esta ayuda se recoge dentro de un decreto ley junto a otras medidas frente al Covid-19 en el ámbito económico, de empleo y local
Andalucía, 29/04/2020
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El Gobierno andaluz ha aprobado la puesta en marcha de una Renta Mínima de Inserción Social de carácter extraordinario destinada a familias con menores a cargo o unipersonales, ya que son éstas las que presentan una menor red de apoyo. Esta ayuda se percibirá durante cinco meses y contará con un presupuesto de 10,5 millones de euros, que podrá beneficiar a 4.200 familias.

Esta medida se incluye dentro del decreto ley por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19).

Además de esta ayuda, gestionada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se incluyen en el citado decreto ley otras medidas de las Consejerías de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Con respecto a la ayuda extraordinaria referida, se trata de una modificación urgente del Decreto ley de Modificación del Decreto ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, al concurrir circunstancias de extraordinaria y perentoria necesidad que requieren una respuesta inmediata.

La pandemia por Covid-19 está perjudicando especialmente a las personas en situaciones de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, entre las que se encuentra un porcentaje significativo de la población en Andalucía.

Este decreto ley va a permitir a la Junta de Andalucía responder con mayor agilidad ante el agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad de las personas o unidades familiares solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social y que se puedan beneficiar lo antes posible de estas prestaciones económicas.

En total, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha movilizado para la Renta Mínima de Inserción Social del Andalucía un presupuesto de 20 millones de euros con el objetivo de beneficiar a unas 10.000 familias andaluzas. Como consecuencia de ello, la nómina de abril ha alcanzado la cuantía de 11.344.637,38 euros, lo que supone la cifra más alta desde su implantación. Esta prestación ha pasado de alcanzar a 6.222 familias en el mes de marzo, a beneficiar a 10.989 en abril, lo que supone un incremento del 76%.

La mejora de estos datos ha sido posible gracias, por una parte, a las medidas acordadas en el Decreto ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19). Y, por otra parte, por el excelente trabajo del personal funcionario de las delegaciones territoriales y de los servicios centrales en la mejora de la tramitación de esta ayuda.

El resto de medidas de agilización y simplificación administrativa destinadas a la Renta Mínima contemplan la racionalización de los supuestos existentes de urgencia social, referidos a las víctimas de violencia de género y de explotación sexual o laboral, y el incremento de la duración de las ampliaciones de la prestación a doce meses. Además, se confiere potestad al órgano rector para dar tratamiento de nueva solicitud a las ampliaciones que se hubieran presentado con posterioridad a la finalización de la prestación y se habilita a los trabajadores y trabajadoras sociales para presentar solicitudes en las modalidades de urgencia o emergencia social en representación de la persona titular.

Estas medidas extraordinarias complementan las ya puestas en marcha dentro del plan de choque de la Consejería de Igualdad para la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, como el refuerzo de 1.260 profesionales en los servicios sociales comunitarios, el impuso a la tramitación electrónica para mejorar los procesos internos de gestión, la automatización de la validación de requisitos y las fases del procedimiento o la puesta en servicio de un simulador online que permite consultar si se cumplen las condiciones para recibir la prestación.

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