La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en Consejo de Gobierno sobre la gestión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía en el ejercicio 2020, que arroja el número de 79.640 personas beneficiarias, es decir, un 23,8% más que el año anterior cuando el número final fue de 60.684; y un presupuesto ejecutado de más 135.747.971,43 euros, lo que supone un incremento del gasto del 26% respecto a lo ejecutado en 2019, 107.673.708,46 euros. Unos números de estos dos años de legislatura que contrastan con los datos de 2018 cuando el anterior Gobierno dejó la inversión en 57 millones de euros y 40.979 personas beneficiarias.
De esta forma, el número de personas menores de edad atendidas se ha incrementado en un 31,32% en un momento en que la Consejería que dirige Ruiz ha fijado como uno de sus objetivos para el presente año, la lucha contra la pobreza infantil.
La Renta Mínima andaluza ha supuesto una fuente de ingresos indispensable para las familias vulnerables y en riesgo de exclusión en un año marcado inevitablemente por la pandemia de Covid-19. A la modificación del Decreto-Ley, el refuerzo en la gestión y el plan de choque previsto por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación previamente al inicio de la crisis social y sanitaria, surgió la necesidad de promover medidas para poder agilizar el acceso a la prestación a las familias más necesitadas.
Así, el Decreto-Ley 6/2020 de 30 marzo recogió medidas extraordinarias para la concesión provisional de prestaciones con el objetivo de hacer llegar esta ayuda al mayor número de familias posible, descargando la gestión de los expedientes para aumentar la capacidad de resolución mediante solicitudes de urgencia y emergencia social y solicitudes de ampliación y expedientes de alta que llegaran a fin de prestación durante el estado de alarma.
Posteriormente, el Decreto-Ley 10/2020 estableció la concesión de una prestación extraordinaria de 5 meses de duración para las solicitudes de una nueva modalidad de situación de emergencia social para unidades familiares con menores a cargo o unipersonales. Así como el incremento hasta los 12 meses de la duración de la ampliación o la simplificación de los consentimientos en la solicitud.
Todo ello ha supuesto la resolución, durante 2020, de 55.429 expedientes entre solicitudes iniciales y de ampliación. De ellos, 35.758 han sido concesiones de prestaciones. Esto supone un incremento del 19,53% de las resoluciones y del 57,66% de las prestaciones concedidas. Todo ello, en unas circunstancias excepcionales por la pandemia de Covid-19, agravadas por la nula digitalización de expedientes y una gestión muy condicionada por los requerimientos de documentación en papel a las personas solicitantes por las limitaciones de acceso a información de manera telemática.
Llegada del Ingreso Mínimo Vital
Por otra parte, en contra de lo previsto, la llegada del Ingreso Mínimo Vital por parte de la Administración estatal supuso un nuevo incremento en la gestión de la Renta Mínima por las numerosas revisiones de expedientes que supuso. Dadas las bajas cuantías concedidas por el IMV, esto no suponía una extinción de la Renta Mínima andaluza sino la necesidad de tramitar una revisión completa para ajustar las cantidades.
Por tanto, debido a los retrasos en las resoluciones de las prestaciones estatales, las familias han continuado solicitando la Renta Mínima de Inserción Social mientras tanto.
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