La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado que la nueva Ley de Infancia y Adolescencia convertirá a Andalucía en “referente para la protección de los derechos de la infancia y la promoción de nuestros niños y niñas”. La norma continúa su trámite parlamentario tras el rechazo de PSOE, PP, Cs, Adelante Andalucía y ocho de los diputados no adscritos a la enmienda a la totalidad presentada por Vox, a quien la consejera ha recriminado que “antepongan incomprensiblemente sus intereses y prejuicios por encima de los de la infancia andaluza” ante un proyecto de ley que ha contando la participación de una veintena de entidades y organismos.
“Atender a la infancia y la adolescencia es una responsabilidad de toda la sociedad, no solo de las Administraciones o de los Gobiernos, ya que mejorar su calidad de vida, es mejorar nuestra sociedad”, ha resaltado Ruiz. La nueva norma mejora y amplía la hasta ahora vigente, de 1998, y refleja “el compromiso del Gobierno andaluz con toda la infancia y adolescencia en Andalucía y, en especial, con quienes que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad” a través de la planificación de políticas públicas orientadas a su desarrollo integral.
“Queremos que todas las medidas que se tomen en todas las consejerías tengan en cuenta que sus beneficiarios son los niños y niñas andaluces, verdadera razón de ser de nuestra acción política. Y tengan, por lo tanto, prioridad presupuestaria”, ha subrayado la consejera durante su intervención en el Parlamento, donde ha recordado que la perspectiva de infancia en los presupuestos públicos que contempla la nueva norma es una medida pionera y demandada por las entidades del sector.
La consejera ha apuntado a los casi 600.000 niños y niñas en riesgo de pobreza detectados en Andalucía para justificar la necesidad de reformar y superar la actual ley de infancia. “Un 5,9% atraviesa carencias materiales severas y un 12,2% vive en hogares cuyos miembros en edad de trabajar lo hacen menos del 20% del año”, ha resaltado, “unas cifras alarmantes y preocupantes que se han hecho estructurales en los últimos años. Son unos datos que nos deben avergonzar y por sí solos justifican las medidas de calado que hoy traemos al Parlamento”, ha añadido
En su intervención, la consejera de Igualdad ha querido agradecer la colaboración de la veintena de entidades y organismos que, junto a profesionales de los equipos de tratamiento familiar, de los servicios de protección y prevención, han participado en la redacción del nuevo texto legal con más de 400 alegaciones. “Son estas entidades las que mejor conocen la realidad de la infancia andaluza y sin las que hubiera sido imposible haber llevado a cabo este proyecto”, ha señalado.
Asimismo, ha destacado el talante y disposición mostrado por el resto de formaciones políticas del Parlamento cuando se les ha presentado el proyecto y el apoyo al inicio del trámite parlamentario. “Es lo decente y lo honesto, por eso me parece muy triste tener que afrontar una enmienda a la totalidad por parte de un grupo que se escuda quizás en el desconocimiento o en los prejuicios”. Ruiz ha pedido a los diputados y diputadas de Vox que “reflexionen, recapaciten y rectifiquen” y ha lamentado que “parece que están más preocupados en imponer su visión del mundo que en proteger a quienes más lo necesitan”.
La norma recoge las nuevas necesidades surgidas en los últimos 23 años y asume además los nuevos escenarios legislativos y tratados internacionales suscritos por España en materia de atención a la infancia. E incorpora medidas transversales como la atención temprana infantil de calidad a los menores de 0 a 6 años; la promoción de entornos de enseñanza y aprendizaje inclusivos o la gratuidad y extensión de las plazas de 0 a 3 años para menores en riesgo de exclusión social, así como la implementación de programas de orientación e intervención familiar, acciones contra el maltrato infantil, el acoso escolar, la violencia de género o la discriminación en el ámbito educativo.
“Aprobar esta ley es un ejemplo de compromiso político, responsabilidad y generosidad para toda la sociedad, una demostración de que nuestra preocupación como representantes de la ciudadanía andaluza es mirar por el futuro de los más pequeños”, ha defendido la consejera.
Entre las novedades del texto legal, la consejera ha destacado la creación de un nuevo órgano de participación, el Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes, o que promueve e impulsa la alfabetización digital y mediática de las niñas, niños y adolescentes, dotándoles de herramientas para realizar un uso responsable de las tecnologías y de sus contenidos y protegerles ante posibles riesgos y adicciones en este sentido. “Solo quien viva de espaldas a la realidad y en un mundo del pasado puede negarse a poner bajo control un ámbito que está dando lugar a problemas muy graves entre nuestros niñas y niños”, ha afeado Ruiz.
Asimismo, se fortalece el reconocimiento a las familias “como institución fundamental en nuestra sociedad para el desarrollo de la persona”. La apuesta pasa por fomentar el acogimiento familiar, mientras que el acogimiento residencial solo se acordará cuando no exista la posibilidad de una medida de protección de carácter familiar, y nunca para menores de trece años. La misma edad mínima que se fija para determinar la entrada en los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta.
Otro de los elementos novedosos será la regulación de los criterios de actuación en materia de protección de menores. La ley establece que la declaración de situación de riesgo para un menor irá acompañada de un plan de intervención familiar durante 12 meses, a fin de corregir la situación de riesgo y garantizar el desarrollo del menor con su familia y su entorno. Además, se incorpora la figura de la guarda provisional para ejercer la protección inmediata de un menor cuando se considere que es necesario mantenerle fuera del contexto familiar. Y se regula la figura del desamparo provisional ante circunstancias que pongan al menor en grave riesgo física o psíquica.
La protección a las personas se extiende, con carácter voluntario, a quienes alcanzan la mayoría de edad y hasta los 25 años. Como ya sucede en la actualidad, se empezará a prepararles para la vida independiente con itinerarios personalizados de inserción social y laboral a los 16 años, y tras cumplir 18 años, la Junta y los servicios sociales comunitarios harán un seguimiento de su proceso de integración social.
Por último, la ley dispone de un régimen sancionador más completo con una regulación más exhaustiva de las infracciones. Junto a ello, se implantará un sistema de información de protección a la infancia y la adolescencia con nuevos parámetros para evaluar su bienestar; se integrarán los registros existentes con la Historia Social Única para agilizar los procedimientos, y se regulará el Observatorio de la Infancia.
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