El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, ha aprobado el nuevo Decreto por el que se regula el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de Atención a las Personas con Discapacidad. Este documento, que deroga el Decreto 301/2000, de 13 de junio, actualiza la organización y funciones de este órgano asesor, adaptándolo al marco sociopolítico actual que incide en la acción transversal de la atención a las personas con discapacidad y del principio de igualdad de género. Por otra parte, el Gobierno andaluz, con este Decreto, apuesta por una estructura que haga más operativo el Consejo al incrementar su representatividad.
La Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía creó en su artículo 65 el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad. Ahora, además, con la necesidad de que cada provincia cuente con un órgano de participación que sea referente del órgano regional, el nuevo Decreto recomienda también la regulación de los Consejos Provinciales de Atención a las Personas con Discapacidad. Tanto para uno como para otros, se establece el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Decreto para su constitución.
De esta forma, se da participación a sectores que no estaban representados hasta este momento, como la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, las empresas de atención a las personas con discapacidad, las universidades o las fundaciones tutelares. Por otro lado, con el objetivo de conseguir una representación más amplia y diversa del sector de entidades del movimiento asociativo, se reservan algunas vocalías para aquellas no encuadradas en la Plataforma de representación, defensa y acción social en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias de Andalucía (CERMI) o que no tengan presencia en toda la Comunidad Autónoma.
Se trata de un proyecto que ha cumplido con todos los trámites de transparencia pública, posibilitando que las diferentes entidades públicas y privadas hayan tenido una participación activa en la elaboración de la norma, al haber sido sometida a los trámites de audiencia e información pública.
Pleno y Comisión Permanente
El Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad es el órgano colegiado de participación social y asesoramiento que tiene como objetivo promover el impulso y la coordinación de las actuaciones en materia de discapacidad, velar por su cumplimiento y hacer un seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos de Andalucía, inspiradas en la promoción de la igualdad de oportunidades, no discriminación, transversalidad y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Entre sus funciones, se encuentra informar con carácter facultativo la elaboración de cualquier proyecto o iniciativa normativa de las Administraciones Públicas de Andalucía que afecte específicamente a las personas con discapacidad, así como realizar recomendaciones y propuestas a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación o a aquellas que regulen sobre aspectos relacionados directamente e informar sobre el impacto de estas.
El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión Permanente y se podrán crear grupos de trabajo integrados por miembros del Consejo y personas expertas o profesionales de reconocido prestigio en las materias objeto de estudio.
El Pleno estará constituido por la presidencia - que recae en la consejera de Igualdad -, dos vicepresidencias, una secretaría, 29 vocalías y dos personas expertas. El mandato de estas vocalías, para la que se designará una persona titular y una suplente, será de cuatro años renovables por una sola vez. Por su parte, la Comisión Permanente es el órgano ejecutivo del Consejo encargado de garantizar la puesta en marcha de los acuerdos adoptados por el Pleno.
Los Plenos, tanto del Consejo Andaluz como de los Consejos Provinciales de Atención a las Personas con Discapacidad, contarán con su propio reglamento de funcionamiento interno y se reunirán en sesión ordinaria al menos una vez al año y en sesión extraordinaria cuando la presidencia lo estime justificado o a instancia razonada de la mayoría de las vocalías del Consejo.
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