La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha expresado durante su intervención en el Pleno del Parlamento que la personación de la Administración de la Junta de Andalucía en los procedimientos judiciales a los que se refiere los artículos 510 y 510 bis del Código Penal respecto a los delitos de odio “servirá para evitar conflictos y una violencia a mayor escala. De esta forma, el Gobierno andaluz, mediante el Derecho penal, lucha contra el racismo, la xenofobia y las prácticas discriminatorias que no pueden permanecer veladas”, ha subrayado.
Ruiz ha recordado que el Consejo de Gobierno, en su reunión del pasado 30 de marzo, acordó instar a la Consejería de Igualdad a adoptar las medidas necesarias en este sentido: “La Junta de Andalucía no quiere ni puede permanecer ajena, resultando inaplazable adoptar medidas que contribuyan a la persecución de estos delitos. Por ello, ha considerado incorporar, con carácter inmediato, un instrumento de cautela y protección a las víctimas de estas conductas a fin de prevenir el incremento de las acciones constitutivas de delitos de odio y su erradicación”.
En este sentido, ha condenado el cartel utilizado por Vox en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid sobre los menores extranjeros no acompañados, sobre el que ha señalado: “No podemos quedar impasibles ante carteles tan peligrosos y dañinos para nuestra democracia. Desde este Gobierno, lo condenamos rotundamente y calificamos como delitos de odio. Valoramos positivamente que se haya instando a la Fiscalía a que investigue este hecho por incitar a la violencia y al odio, así como todas aquellas iniciativas que vengan a sumarse a la protección de los derechos de igualdad de trato y no discriminación”.
Según recoge el informe del Ministerio del Interior sobre la evolución de los delitos de odio en España, a pesar de los avances normativos y sociales, estos aumentaron en España un 6,8% en 2019 respecto al año anterior. Concretamente, los motivados por racismo y xenofobia fueron los que más se incrementaron, un 20,9%, seguidos de los motivados por razón de orientación sexual e identidad de género, que subieron un 8,6%.
Este documento también pone de manifiesto el significativo incremento de las amenazas, injurias y discriminación a través de Internet y las redes sociales, que intensifican de forma exponencial el daño producido a las víctimas.
Por otra parte, según ha informado Ruiz, la crisis consecuencia de la pandemia por Covid-19 “ha incrementado los mensajes discriminatorios y de odio hacia determinados colectivos por razón de su ideología, religión o creencias, origen nacional, etnia, sexo, género, situación familiar, orientación e identidad sexual, enfermedad o discapacidad, lo que supone un avance, muy reprobable, en los discursos y delitos de odio”.
El propio Consejo Audiovisual de Andalucía, en su informe de febrero de 2021, advierte de la presencia y la gran capacidad de propagación del discurso de odio en las plataformas de intercambio de videos y en las redes sociales desde el inicio de la pandemia en un ámbito donde resulta difícil legislar y establecer un control. Junto a ello, alerta sobre los mensajes que tienen como protagonistas a los menores extranjeros no acompañados.
Por otra parte, la consejera ha recordado que Andalucía es pionera en la lucha por la igualdad de trato y no discriminación al haber aprobado “dos leyes que han sido ejemplo para el resto del país”: la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía y la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.
Así como la creación durante esta legislatura de la primera Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad de la Junta de Andalucía, el primer Consejo Andaluz LGTBI, la reedición de la Guía de Delitos de Odio LGTBI y la puesta en marcha de campañas de sensibilización y divulgación sobre la realidad del colectivo y sus derechos.
“No podemos quedar impasibles ante conductas delictivas que promueven o justifican la discriminación y el odio a través de la intolerancia hacia determinados grupos sociales. Estos hechos constituyen vulneraciones muy graves contra los derechos humanos que atentan contra la dignidad, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, la libertad ideológica, religiosa y de culto y el desarrollo de las personas en igualdad de condiciones y oportunidades. Una sociedad sana, una sociedad del siglo XXI, tiene que estar al lado de las víctimas y señalar a quienes las agreden”, ha concluido Rocío Ruiz.
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