La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado la necesidad de impulsar la colaboración público privada para salir de la crisis económica y social provocada por el coronavirus y paliar sus efectos entre los colectivos más vulnerables y desfavorecidos, y ha señalado que “para alcanzar los mayores niveles de bienestar es necesario contar con sectores empresariales dinámicos modernos y con una gestión más responsable”. Ruiz ha participado en una mesa redonda organizada por la Fundación Cepsa y la agencia Servimedia, que ha analizado el papel de las fundaciones corporativas en la acción social.
Ruiz, que ha estado acompañada por la directora general de la Fundación Cepsa, Cristina Ortiz; el presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Javier Nadal; el director de la Fundación Mapfre, Julio Domingo, y representantes de la Fundación Gil Gayarre, ha destacado que las entidades de la economía social desempeñan un protagonismo fundamental en la lucha contra la exclusión. “Son el complemento idóneo de la administración pública para que todos los recursos lleguen cuanto antes a esas personas más vulnerables, especialmente en tiempos como los que acabamos de vivir, con una inesperada crisis sanitaria, social y económica”, ha resaltado.
Así, ha subrayado la capacidad del Tercer Sector para paliar esa situación de vulnerabilidad y además crear empleo, en línea con los objetivos marcados por tanto por Europa como por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Desde la administración andaluza no podemos sino destacar que se trata de un sector con una alta capacidad competitiva”, al tiempo que ha resaltado que “cuenta con unos principios y valores que contribuyen a la creación de empleo de calidad, favoreciendo la igualdad, la estabilidad y la incorporación de colectivos vulnerables al mercado laboral para lograr esa sociedad inclusiva por la que todos trabajamos”.
Economía comprometida
“La economía social es, en suma, una forma distinta de hacer economía, ya que hablamos de valores como equidad, gestión participativa, solidaridad económica, compromiso con el medio ambiente y especialmente con la sociedad”, ha enfatizado.
La consejera ha puesto como ejemplo de ese potencial económico de las políticas sociales el caso andaluz, “donde sólo la atención a la dependencia genera más de 55.000 empleos directos, muchos de ellos con nombre de mujer”. Además, “cada euro invertido por la administración en el sector se multiplica por tres en la economía regional, y el retorno fiscal de la inversión de la administración pública en plazas de atención a la dependencia supone recuperar el 78% de la misma por medio de distintos impuestos y tasas”.
En este sentido, Ruiz ha recordado que la administración andaluza ha destinado más de 1.590 millones para atajar los efectos de la crisis provocada por el covid-19, una respuesta coordinada en muchas ocasiones junto a las entidades del Tercer Sector mediante proyectos de atención a familias vulnerables, personas mayores o con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión.
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