La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado que la Comunidad andaluza ha sido la primera en reconocer el derecho a crecer en familia y adaptar su legislación, con la Ley 4/2021 de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, a la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) durante la conferencia que ha ofrecido en el centro ICADE de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. En su intervención, que ha tenido por título ‘La nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía. Logros y retos pendientes en la garantía de los derechos del niño’, Ruiz ha subrayado que se trata de “un proyecto largamente deseado, intensamente trabajado y felizmente consensuado”.
Sobre la norma, aprobada en el Parlamento de Andalucía el pasado mes de julio, la consejera ha señalado que se trata de “un texto del que estamos especialmente orgullosos tanto por su carácter innovador y rupturista como por el consenso que logramos para aprobarlo con casi la unanimidad del plenario. La defensa de la infancia y la adolescencia no deber ser objeto de ningún enfrentamiento partidista con el objetivo de poner por encima de cualquier consideración la protección y defensa de los derechos de nuestros niños y niñas”. Asimismo, se ha referido a la participación de los colectivos y entidades que trabajan con la infancia en Andalucía.
En primer lugar, ha informado sobre el cambio de paradigma que ha supuesto la nueva Ley andaluza respecto a la consideración de la persona menor, como indica la Convención de los Derechos del Niño, como sujeto titular de derechos que debe ser empoderado de los mismos y no como un objeto de protección únicamente. Así como la consideración del valor social de la infancia como uno de los principios rectores que contempla la ley “como personas que realizan un aporte efectivo, cultural y ético al caudal social y cuyo protagonismo, creatividad y posicionamiento activo enriquecen la vida colectiva”.
Rocío Ruiz ha enumerado otros cuatro aspectos especialmente importantes sobre los que se ha puesto énfasis en la elaboración de esta norma como son la prevención y protección integral contra cualquier forma de violencia, la perspectiva de género, el aspecto intercultural y la prioridad presupuestaria. Con novedades como que se recojan como derechos el desarrollo de la competencia digital, un entorno seguro y un medioambiente saludable.
Planificación, educación, prevención y protección
Según ha explicado la consejera, la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía se basa en cuatro ejes clave: planificación y evaluación, educación, prevención y protección. Respecto al primero de ellos, ha destacado los criterios de transversalidad y de interdisciplinariedad. “Una coordinación que implica a toda la sociedad: familias, Administraciones, entidades, medios de comunicación social, universidades e instituciones como el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha recalcado.
Así, una de las novedades importantes del texto es que mandata que todas las Administraciones consignen los créditos necesarios y suficientes: “La inversión en la población menor de edad en Andalucía debe ser una prioridad presupuestaria. Fruto de esta decisión, en este año 2021, la Junta de Andalucía ha dedicado 2.500 millones de euros a las políticas relativas a la infancia que atraviesan de forma transversal todas sus políticas”.
Por otra parte, ha destacado la participación infantil que promulga la ley a través de la asunción de un rol activo por parte de las personas menores con la creación, por ejemplo, de un órgano colegiado como es el Consejo Andaluz de Niñas, Niños y Adolescentes. Y, finalmente, un sistema de información e indicadores sobre infancia y adolescencia: “Una apuesta de la Consejería, que aprovechará los fondos Next Generation para impulsar un sistema de Big Data que pueda operar un modelo que nos permita predecir las necesidades y adelantarse a problemas que puedan afectar a la población infantil y adolescente”.
Respecto al eje de la educación, ha hablado de “una atención educativa enfocada a que las personas menores alcancen un desarrollo pleno de sus capacidades individuales, sociales, intelectuales, culturales y emocionales. Y esta proyección debe tener en sus objetivos reducir el alto índice de abandono escolar que tenemos en Andalucía que, según los últimos datos del EPA, alcanza el 21,8%”. Algo fundamental para “frenar las desigualdades”, ha explicado.
Así como la obligación de combatir, mediante la educación, los riesgos de las tecnologías y las adicciones, que enlaza con la salud mental de los menores. Para lo que también se contempla la extensión a las familias.
Sobre la prevención, Rocío Ruiz se ha referido a “la detección precoz de todas las circunstancias y situaciones que pudieran poner en riesgo el crecimiento de nuestros menores”. Asimismo, con la nueva Ley se fortalece el reconocimiento de la familia como institución fundamental donde los niños y niñas crezcan y se desarrollen plenamente; se redefine la parentalidad positiva en los mismos términos que la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio; y se dispone que se atienda a la persona menor agresora desde la prevención, algo que está recogido en la LOPIVI fruto de las aportaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por otra parte, la norma desarrolla servicios y programas específicos de calidad para la atención y orientación familiar, social, sanitaria, educativa y de conciliación de la vida laboral y familiar en ámbitos como la salud, educación y servicios sociales. Cuestiones como las personas menores embarazadas; la salud prenatal; la obesidad y los trastornos alimentarios; o el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias tóxicas psicoactivas y adictivas son recogidas en el texto. Así como la disposición de plazas gratuitas para la atención de menores de cero a tres años -especialmente en los casos de exclusión social-, la diversidad cultural asociada a los movimientos migratorios y la perspectiva de la interculturalidad.
En este punto, la consejera ha informado sobre el Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII), un proyecto en el que trabaja la Consejería para que sustituya a la Renta Mínima de Inserción, que no es compatible con el Ingreso Mínimo Vital del Estado. “En el IPII, tenemos puestas grandes esperanzas para pasar de un modelo asistencial a uno inclusivo, partiendo de la premisa de que acabar con la pobreza infantil es el primer paso para acabar con la desigualdad estructural que padece buena parte de la población andaluza”, ha señalado.
Finalmente, y en relación con el eje de la protección, Ruiz ha descrito las novedades sobre las actuaciones destinadas a la intervención en situaciones de riesgo, en el ejercicio de la guarda y la asunción de la tutela. Así, sobre la declaración de la situación de riesgo, ha especificado que la nueva norma dispone que se llegará a través de un procedimiento administrativo acompañado de un proyecto de intervención familiar y de un plan para corregir o reparar los indicadores. Otras situaciones que se contemplan son la atención inmediata y la guarda provisional, los programas de respiro al acogimiento familiar o una prestación económica para atender las necesidades de las personas menores en este último caso.
La apuesta de la Consejería de Igualdad para acabar con la institucionalización de las personas menores hace que la Ley andaluza establezca unas horquillas de edad para ingresar en un centro de protección más restrictivas que la norma estatal. Concretamente, se establece que no se podrá tomar esta medida cuando se trate de menores de trece años. O el programa de preparación para la vida independiente, “que llevan funcionando varios años en Andalucía, pero con esta Ley se ha ampliado su extensión en el tiempo de manera que puedan beneficiarse las personas menores que se encuentran bajo la tutela desde dos años antes al cumplimiento de la mayoría de edad y hasta los 25 años”.
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