La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha señalado que las “dos conclusiones” del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado este jueves en Madrid son que el Gobierno de España no va a incrementar la financiación de la dependencia y que la modificación de la Ley de Dependencia no incluye memoria económica.
Así lo ha puesto de manifiesto López tras la reunión del Consejo Territorial de de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado hoy en Madrid, órgano de cogobernanza compuesto por el Ministerio de Derechos Sociales, las CCAA y la FEMP, y en el que la Junta de Andalucía ha estado representada por la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García.
Como ha remarcado la consejera a la finalización del consejo, “el incremento de la financiación del Gobierno para la dependencia es de cero euros: ni lo hubo en el año 2024 ni lo va a haber en el 2025”. En este sentido, ha apuntado que el Gobierno no solo no aumenta la financiación, sino que “le debe a los dependientes andaluces más de 4.500 millones de euros desde 2019”.
A este respecto, López ha recordado que el Gobierno de Juanma Moreno “ha puesto desde 2019 más de 8.000 millones de euros al sistema de la dependencia en Andalucía mientras que Pedro Sánchez apenas ha aportado algo mas de 3.500 millones”.
Esta situación se ha visto agravada en los dos últimos años debido a la incapacidad de Gobierno de España de aprobar nuevos presupuestos. Mientras en Andalucía la aportación propia sube año a año (360 millones más en 2025 con respecto a 2024), la aportación del Ejecutivo central al Sistema Andaluz ha sido de cero euros en 2024 y de cero euros en 2025.
Por todo ello, la consejera ha lamentado que el Ministerio de Derechos Sociales “lleve congelado toda esta legislatura y no sea capaz de conseguir créditos extraordinarios como si lo han hecho otras prioridades del gobierno como las introducidas en el recién aprobado decreto ómnibus”.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, hace ahora 18 años, “hemos sido las CCAA quienes la hemos soportado en solitario puesto que el Estado nunca ha aportado la misma cantidad que los gobiernos autonómicos pese a que la ley obliga a ello”, ha remarcado López.
Por otra parte, desde el Gobierno andaluz se ha manifestado en la reunión del Consejo Territorial la necesidad de solucionar el problema de la financiación de las prestaciones actuales antes de abordar la implantación de unas nuevas.
Para la consejera, presentar la modificación de la Ley de Dependencia que el Gobierno ha llevado al Consejo de Ministros sin llevar aparejada financiación “es irresponsable” porque “si no hay memoria económica, no hay ley y, por tanto, no se crean derechos, se crea frustración”.
“No puede hablar de futuro quien no es capaz de cumplir con el presente”, ha concluido la titular de Inclusión Social.
Compartir en