La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha mostrado el firme rechazo del Gobierno andaluz al intento de imposición del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha convocado una Conferencia Sectorial para establecer el reparto de casi 4.000 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla con un orden del día ilegal, ya que fue rechazado por la mayoría de las comunidades autónomas en la Comisión Sectorial previa, tal y como establecen las normas que rigen el funcionamiento de este órgano.
La propuesta de reparto de menores migrantes, que sitúa a Andalucía como el territorio que más menores recibiría, 677, frente a Cataluña y País Vasco, que quedan excluidos del reparto, es, a juicio de la consejera, “una clara muestra de que, para Sánchez, estos niños son pura mercancía política”, ya que “son tratados como moneda de cambio para mantenerse en su sillón”.
Por ello, ha advertido que el reparto diseñado por el Ejecutivo de Sánchez “sólo busca enfrentar a las comunidades autónomas entre sí, aplicando criterios arbitrarios, sin consenso, y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco, territorios de los que depende que Sánchez se mantenga en el poder al que se aferra a pesar de la corrupción de su entorno más próximo”.
Frente a ello, la consejera ha abogado por el respeto institucional y por impulsar una política migratoria que siga los cauces legales y se base en el principio de igualdad entre territorios”.
Mientras que el Gobierno de España “opta por anteponer el interés del sillón de Sánchez al interés del menor”, López ha afirmado que Andalucía “seguirá siendo una tierra solidaria, pero siempre dentro de la capacidad del Sistema de Protección de Menores de Andalucía, que está al límite de la ocupación y corre el riesgo de reventar, poniendo en peligro la atención tanto de los niños que van a ser trasladados como de los que ya están siendo atendidos por el Sistema”. En contraste, ha aseverado que la política de protección del menor de Sánchez “consiste en apilar a los niños en edificios, imposibilitando su atención personalizada y su plena inclusión en la sociedad”.
Como ejemplo de la solidaridad “incuestionable” de la comunidad autónoma andaluza, la titular de Inclusión Social ha recordado a “los 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha metido en Andalucía por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad, de los que no quiere saber absolutamente nada y que el Gobierno andaluz está atendiendo a pleno pulmón”.
A este respecto, López ha tachado de “inaceptable” que el Gobierno pretenda seguir trasladando a menores migrantes sin asegurar previamente la determinación efectiva de su edad, puesto que “fomenta el fraude en la declaración de minoría y pone en entredicho todo el procedimiento”. “El Estado debe velar por la verdad y la legalidad”, ha apostillado.
La titular de Inclusión Social ha alertado de la “doble vara de medir” del Ejecutivo de Sánchez, que “se niega a coger a los más de 1.000 solicitantes de protección internacional que le exige el Tribunal Supremo, esgrimiendo que no tiene recursos, mientras exige a las comunidades autónomas que asuman el reparto de menores migrantes impuesto sin diálogo ni coordinación.
Por último, la consejera ha recordado que Andalucía, junto a otras comunidades, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, al considerar que invade competencias exclusivas de las CCAA, afecta a derechos fundamentales de los menores y vulnera los principios constitucionales de autonomía, solidaridad y suficiencia financiera.
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