Andalucía fortalece la red de servicios sociales comunitarios con la distribución de 67,5 millones de euros entre ayuntamientos y diputaciones

La Junta consolida su apuesta por la calidad del sistema público como herramienta esencial para favorecer la inclusión de la población más vulnerable
Andalucía, 02/09/2025

El Consejo de Gobierno, en la reunión mantenida este martes, ha tomado conocimiento de la Orden de 24 de julio de 2025, de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, por la que se establece la distribución de 67,5 millones de euros entre 96 entidades locales andaluzas --entre diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes-- para el ejercicio presupuestario 2025, con el objetivo de financiar los servicios sociales comunitarios de Andalucía y reforzar los equipos de atención a la infancia y la familia (LOPIVI). Cabe destacar que, por primera vez, se distribuyen en la misma Orden la totalidad de los fondos procedentes tanto de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía como los procedentes del Estado.

Así, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma se distribuyen 44,47 millones de euros, que sumados a los 2,74 millones de euros de remanentes de ejercicios anteriores con los que cuentan las entidades locales, suponen un volumen de recursos aportados por la Junta de Andalucía en 2025 que asciende a 47,21 millones.

En el caso de los fondos del Estado, se distribuyen 23,05 millones de euros, que junto a los remanentes de ejercicios anteriores con los que cuentan las entidades locales, suman 24,64 millones de euros.

De este modo, el total de fondos distribuidos asciende a 67,5 millones de euros, que junto a los remanentes de ejercicios anteriores, supone que en 2025 las entidades locales cuentan con un volumen de recursos para la financiación de los servicios sociales comunitarios que alcanza la cifra de 71,85 millones de euros.

Estas cantidades garantizarán el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales y serán destinadas a mantener la continuidad de los efectivos personales y funcionales y, específicamente, a las contrataciones realizadas por las entidades locales para reforzar los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de Renta Mínima de Inserción Social.

Con ello, el Gobierno andaluz pone de manifiesto su firme apuesta por el fortalecimiento de la red de servicios sociales comunitarios, que atienden a más de un millón de andaluces, y por la calidad del sistema público de servicios sociales. Todo ello, a través de servicios públicos que favorezcan la inclusión de aquellos colectivos y sectores de población más vulnerables, como es el caso de la infancia.

Los servicios sociales comunitarios se configuran como el primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención, tratamiento, seguimiento y evaluación de la atención y coordinación con otros agentes institucionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. Asimismo, garantizan la universalidad del acceso al mismo y su proximidad a las personas usuarias, familias, unidades de convivencia y grupos de la comunidad, garantizando la cobertura de la necesidad básica de integración social, la prevención y atención adecuada de situaciones de vulnerabilidad de los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, promoviendo su inclusión social.

Asimismo, dentro de este compromiso, destaca el refuerzo de los equipos de infancia y familia de la red de servicios sociales comunitarios que prestan las entidades locales mediante la financiación para el programa de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Este crédito va destinado a financiar el refuerzo de los mencionados equipos de los servicios sociales comunitarios que permiten la prevención y detección precoz de cualquier riesgo de violencia hacia la infancia, promoviendo la competencia en sus funciones de crianza por parte de las familias.

Los gastos que se financiarán serán los relativos a personal de los equipos, preferentemente profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social y, cuando sea necesario, de la abogacía especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia; gastos de formación para dotar de competencias a los profesionales y a las familias, materiales de apoyo a la formación, entre otros.

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