Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

Adjudicación. Cuantía. Inadmisión

Adjudicación. La recurrente pretende la exclusión de la oferta adjudicataria alegando la incorrecta valoración de los criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor, no se aprecia. Doctrina de la discrecionalidad técnica y su aplicación al caso. Errónea valoración del criterio de adjudicación automático, no se aprecia. No es posible cuestionar los pliegos de cláusulas con ocasión de la adjudicación del contrato, ya que se presume la aceptación de los mismos por quienes participan en el procedimiento de adjudicación. Impugnación indirecta del pliego. Desestimación.

Adjudicación. Plan de igualdad. La recurrente esgrime en vía de recurso argumentos que no dedujo en su momento ante la mesa de contratación y sobre los que esta no pudo pronunciarse. El Tribunal tiene una función revisora de las decisiones de los poderes adjudicadores. No hubo exclusión automática. La mesa examinó las medidas correctoras aportadas y consideró que la recurrente no estaba en condiciones de contar con un plan de igualdad conforme con la legalidad vigente, en el momento previo a la adjudicación. Desestimación.

Pliegos. Legitimación no licitadoras. Error en el cálculo de los costes salariales derivado de la falta de aplicación de las revisiones salariales previstas en el convenio colectivo de referencia. Parte de la financiación del procedimiento de licitación depende de un convenio marco de colaboración que está en fase de negociación. Allanamiento del órgano de contratación. Análisis por el Tribunal: el reconocimiento o allanamiento del órgano de contratación no constituye una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. Estimación.

Incidente de ejecución. Resolución 510/2023: la forma de proceder a la ejecución debe ser  impidiendo una posible reinterpretación de la oferta técnica a efectos de volver a excluir a la entidad entonces recurrente por otro motivo no puesto de relieve con anterioridad con relación al cumplimiento de las prescripciones técnicas. Imposibilidad de calificar de nuevo los documentos que ya fueron objeto de un primer examen. Lo relevante no es que se sepa la información de la oferta (si es que finalmente lo expresado por la entidad entonces recurrente coincide con la oferta incluida en el sobre C), sino que la inclusión o conocimiento de un dato de forma anticipada, suponga una vulneración del secreto, es decir, de un dato hasta entonces desconocido y que pueda influenciar en la adjudicación. Estimación

Exclusión. Concurre la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1 d) LCSP: la recurrente no acreditó contar con un plan de igualdad adaptado a la normativa actual e inscrito en el REGCON o con solicitud de inscripción en los términos analizados, ni al tiempo de finalizar el plazo de presentación de ofertas, ni al tiempo de finalizar el plazo del requerimiento de subsanación concedido en el trámite de aportación de documentación previa a la adjudicación. La inscripción no es un requisito meramente formal, sino sustantivo que exige la previa comprobación de adecuación a la ley. No puede entenderse acreditada la no incursión en dicha prohibición de contratar por el hecho de que otra sociedad del grupo de empresas a la que pertenece la recurrente cumpla con la obligación de contar con un plan de igualdad válido e inscrito en el REGCON. Multa: no procede. Desestimación.

Exclusión. Concurre la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1 d) LCSP: la recurrente no acreditó contar con un plan de igualdad adaptado a la normativa actual e inscrito en el REGCON o con solicitud de inscripción en los términos analizados, ni al tiempo de finalizar el plazo de presentación de ofertas, ni al tiempo de finalizar el plazo del requerimiento de subsanación concedido en el trámite de aportación de documentación previa a la adjudicación. La inscripción no es un requisito meramente formal, sino sustantivo que exige la previa comprobación de adecuación a la ley. No puede entenderse acreditada la no incursión en dicha prohibición de contratar por el hecho de que otra sociedad del grupo de empresas a la que pertenece la recurrente cumpla con la obligación de contar con un plan de igualdad válido e inscrito en el REGCON. Multa: no procede. Desestimación.

Adjudicación. La recurrente reclama mayor puntuación en el criterio que valora la configuración como Entidad de economía social, cooperativa o pyme, lo que no procede por incumplir el requisito de independencia de los poderes públicos establecido en el art. 4.d) de la Ley de Economía Social. Desestimación.

Adjudicación. Incumplimiento del PPT. EL pliego es contundente y claro al señalar la necesidad de que los productos ofertados cumplan sus requerimientos, lo que implica que un menor número de tallas no satisfaga las exigencias mínimas del órgano de contratación en la ejecución del contrato. No puede prevalecer la interpretación que sostiene la recurrente favorable al cumplimiento de su oferta, frente a la que mantiene el órgano de contratación que es quien mejor conoce sus necesidades y puede determinar con objetividad, dentro de su ámbito limitado de discrecionalidad, si una determinada proposición se ajusta a los requisitos exigidos y puede por ende dar adecuada satisfacción a las necesidades que persigue el contrato. Desestimación. 

PCAP. Pérdida sobrevenida del objeto de determinado motivo del recurso. Falta de legitimación de la organización sindical recurrente en dos de los motivos del recurso. El cálculo de las personas trabajadoras necesarias para la prestación de los servicios objeto del contrato no deriva de la subrogación o no del personal actual, sino de los requisitos de la prestación establecidos en los pliegos. En los contratos de servicios en cuanto a los gastos generales de estructura y al beneficio industrial la aplicación el artículo 131 del RGLCAP es potestativa para el órgano de contratación. Existiendo, al menos, la apariencia de la obligación de subrogación, y sin que ello suponga prejuzgar la existencia y alcance de tal obligación de subrogación, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de las personas trabajadoras afectadas estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de este, debiendo los servicios dependientes del órgano de contratación facilitar a las potenciales entidades licitadoras, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de las personas trabajadoras a los que pueda afectar la subrogación en los términos establecidos en el artículo 130 de la LCSP. Estimación parcial.