El Parlamento da luz verde al Decreto-Ley que permitirá la reapertura de la mina de Aznalcóllar
El Parlamento de Andalucía ha convalidado hoy el Decreto-Ley por el que la comunidad autónoma de Andalucía se reserva los derechos del complejo minero de Aznalcóllar (Sevilla), que permitirá a la Administración autonómica impulsar la reapertura de esta explotación a través de un concurso en régimen de concurrencia competitiva, con el fin de elegir el proyecto que mejor cumpla las exigencias de seguridad y de viabilidad técnica, económica y medioambiental.
La norma, aprobada por Consejo de Gobierno el pasado 17 de diciembre, da respuesta a una proposición no de ley aprobada unánimemente el pasado mes de julio por el Parlamento de Andalucía, que instaba al Consejo de Gobierno a articular los procedimien-tos necesarios para acelerar la reapertura de la mina con totales garantías y bajo premisas de plena transparencia y competitividad.
La fórmula del Decreto-Ley, prevista en el Estatuto de Autonomía para situaciones de urgente necesidad, se justifica en este caso por las particulares circunstancias de la mina de Aznalcóllar que obligan al Gobierno andaluz a extremar el control de las futuras actividades extractivas. Asimismo, con la aprobación de esta norma se ofrece total seguridad a inversores y empresas concurrentes, además de agilizarse la tramitación administrativa.
El complejo minero de Aznalcóllar ocupa una superficie de casi 950 hectáreas y cuenta con unas reservas de 35 millones de toneladas constatadas, y otros 45 millones probables, de cobre, plomo y zinc, además de oro y plata. El proceso para su reapertura se produce en un contexto favorable de resurgimiento de la minería metálica y de aumento de la demanda y de los precios.
El concurso minero de Aznalcóllar se sumará a los dos que la Junta ya resolvió el pasado año para un total de 13.500 hectáreas en la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla, con una inversión prevista de 12,5 millones de euros. En fase de convocatoria se encuentra otro en la provincia de Huelva que pone a disposición de las empresas investigadoras un total de 90 derechos distribuidos en 33.500 hectáreas.
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La consejería