El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, en Comisión Parlamentaria.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha reclamado al Gobierno central que cree un grupo de trabajo e inicie un proceso de diálogo con la comunidades autónomas y el sector minero sobre la nueva Ley de Minas que elabora el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Sánchez Maldonado ha explicado en Comisión parlamentaria que el Ejecutivo central ha remitido a las comunidades autónomas un borrador del anteproyecto de esta normativa, cuya ley vigente data de 1973, “y sólo ha concedido una semana para hacer consideraciones, con la intención además de llevarla al Congreso antes de final de año”. Para Andalucía, este proceso resulta “inaceptable, porque no se puede resolver en un mes y de forma unilateral”.
El consejero ha recordado que, en la última década, empresas y Administración autonómica andaluza han realizado “un importante esfuerzo para impulsar la modernización del sector minero”, con nuevos procesos para la extracción y tratamiento del mineral y los residuos y medidas de la Junta como la renovación del patrimonio cartográfico y el conocimiento sobre los recursos minerales, la convocatoria de concursos de investigación, la reforma y actualización de las estrategias sectoriales regionales para que el sector ocupe la posición que le corresponde, o la modernización de la administración minera.
Junto a este esfuerzo innovador, el Gobierno andaluz ha reclamado al Ejecutivo central una actualización de la normativa minera básica, “poniendo a disposición del Ministerio nuestra experiencia, necesidades y demandas y las del sector, para lograr una norma que reconozca la vertebración territorial del Estado, las competencias de las comunidades, la seguridad ambiental y laboral o la propia gestión del agua, cuestiones que no se contemplan en la Ley actual”.
A pesar de ello, ha asegurado que dicho ofrecimiento “ha sido en vano”, presentando el Gobierno un borrador “que es mejorable, que no va a responder a las necesidades del sector y, en muchos casos, puede actuar como elemento disuasorio de la inversión empresarial”.
Como ejemplo, ha explicado que se propone la creación de un impuesto de explotación, del que emanaría un incentivo al que podrían tener acceso las comunidades autónomas y los municipios. Sin embargo, no se establecen los objetivos que se pretende cubrir con el impuesto e incentivo.
Frente a ello, el Gobierno andaluz considera que se debe crear una herramienta cuyo objetivo sea “contrarrestar los impactos negativos derivados de la actividad minera, generándose beneficios directos tanto para las administraciones como para los ciudadanos afectados, y mejorando además el reparto de la renta minera, de forma que los beneficios de la actividad reviertan de forma especial en los territorios mineros, se compense el régimen fiscal particularmente benévolo del que gozan estas industrias y se facilite el cambio de la imagen social del sector extractivo”.
En cuanto a la forma de canalizar esta contribución económica, los ingresos procedentes de la actividad minera deberían, a juicio de Sánchez Maldonado, “fomentar el desarrollo socioeconómico de las comarcas situadas en el entorno de las explotaciones, paliando las repercusiones sociales derivadas de la finalización de la actividad extractiva”.
El consejero considera también que un Ley de bases como esta “debería dejar espacio al desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas, darles participación en el procedimiento de declaración de una reserva del Estado, y margen en las normas tributarias”. También tendría que “dejar claros los desarrollos procedimentales que se pueden seguir en materia de seguridad minera”.
Junto a ello, considera “importante” establecer “procedimientos competitivos, concursos públicos, para otorgar cualquier permiso de investigación y concesión directa de explotación, ofreciendo un periodo de información pública para la solicitud y facilitar el que se presenten proyectos en competencia”. Con este procedimiento, frente al vigente que otorga la relevancia en función del ‘orden de solicitud’, “no tendrían sentido los concurso derivados de las caducidades de derechos mineros, y sería más ágil la puesta en valor del dominio público minero”, ha añadido.
El titular de Economía ha insistido en que para Andalucía “es fundamental contar con una buena Ley de Minas, porque es una normativa de amplia incidencia, pues regula la investigación, la explotación y el aprovechamiento de todos los recursos no renovables; porque en esta región hay presencia prácticamente de todos los recursos que a los que se refiere esta norma; y porque es la comunidad donde la minería tiene más relevancia”.
Por eso, el consejero ha instado al Ministerio de Industria a crear un grupo de trabajo para la redacción de una nueva Ley de Bases de la Minería, “que dé una respuesta adecuada a las relaciones entre minería, organización del territorio, entidades locales y medio ambiente, que requieren sentarse con todas las partes y dialogar, hacer un texto sólido y duradero que fije la seguridad jurídica”.
La Mesa de la Minería, en la que están representados los sindicatos UGT y CCOO; la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en cuya delegación participan representantes de las tres organizaciones sectoriales del sector; la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas y de Servicios (Aminer); la Asociación de Fabricantes de Áridos de Andalucía (AFA-Andalucía); la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas, ha realizado también al Gobierno central esta petición esta misma semana.
Compartir en